• Competencia general. Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico son:
  

  Realizar
  las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones
  de frío, climatización, calefacción, agua y gases combustibles en
  edificios, instalaciones de proceso continuo y auxiliares a la
  producción, con la calidad requerida, cumpliendo la reglamentación
  vigente y en condiciones de seguridad.

  Unidades de competencia:

• Montar y mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
• Montar y mantener instalaciones de climatización y ventilación.
• Montar y mantener instalaciones de producción de calor.
• Montar y mantener redes de agua y de gases combustibles.
• Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller.

• Instalador/mantenedor de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.
• Instalador/mantenedor de instalaciones de califacción y climatización.
• Instalador/mantenedor frigorista.
• Instalador de gas.
• Mantenedor de instalaciones auxiliares a la producción.
• Mantenedor de instalaciones de proceso.   
  

Profesor: Felipe Lorenzana de la Puente. 

COMENTARIO DEL TEXTO XI: CONSTITUCIÓN DE 1869

  

LOCALIZACIÓN

Se trata de un texto de naturaleza jurídica, una constitución o carta magna redactada por las Cortes constituyentes abiertas el 11 de febrero de 1869 tras la celebración de elecciones mediante sufragio universal, tal y como se indica en el preámbulo. Se sitúa en el Sexenio Revolucionario (1868-1874) y se concibe como el texto donde irán explícitos los valores políticos y sociales de la revolución conocida como La Gloriosa, que pretendía ante todo democratizar la vida política española. Va dirigida a todos los españoles.

 

ANÁLISIS

El texto contiene los artículos más significativos de la Constitución, aquellos que tienen como propósito garantizar los valores citados en el preámbulo: justicia, libertad, seguridad, y felicidad (“proveer al bien de cuantos vivan en España”). Los tres primeros (2, 3 y 4) refieren a los derechos del individuo, en concreto al habeas corpus, conjunto de garantías que asisten a quienes son detenidos y que pretenden evitar los abusos de las fuerzas de seguridad; se defiende la inviolabilidad del individuo, dando preferencia a su libertad y su seguridad hasta tanto no se demuestre su culpabilidad en la comisión de un delito. El artículo 21 trata de la cuestión religiosa, en lo que tanto tiempo y tantos debates invirtieron las Cortes; se establece, por vez primera en una constitución española, la libertad de culto, pero a cambio el Estado sigue comprometiéndose a mantener a los eclesiásticos, cuyos recursos habían menguado desde la desamortización; fue una solución de compromiso que intentaba contentar tanto a los católicos como a los anticlericales. El artículo 26 establece, por vez primera en la historia, la libertad de movimientos de los españoles que deseen ir al extranjero. El artículo 32 establece, también por vez primera en una constitución, la soberanía nacional plena, no compartida con el rey. El artículo 33 establece la monarquía como modelo de organización del Estado, otra de las cuestiones polémicas durante el Sexenio, pues amplios sectores que apoyaron la revolución deseaban, tras la nefasta experiencia del reinado de Isabel II, la instauración de una república. Sin embargo, será una monarquía mucho más limitada que la anterior, puesto que no goza de la soberanía y únicamente detenta el poder ejecutivo (la facultad que se le reconoce de sancionar y promulgar las leyes es meramente un trámite). No se cita aún quién será el titular de la monarquía. Los artículos restantes consagran la división de poderes: el legislativo reside en las Cortes, que son la principal institución del país, pues en el preámbulo se dice que representan a la nación española, que es la titular de la soberanía; y el judicial en los tribunales. COMENTARIO HISTÓRICOa- Precedentes: La Carta Magna de 1869 es la sexta experiencia constitucional en la historia española, tras la Constitución de 1812 (de signo liberal progresista), el Estatuto Real de 1834 (muy conservador), la Constitución de 1837 (progresista), la de 1845 (moderada) y la de 1855 o non nata (progresista).

b- Contextualización: Como decíamos, la Constitución de 1869 pretendía consagrar los valores de la Revolución acaecida el año anterior e instaurar en España una verdadera democracia. Es de carácter progresista porque los diputados que la redactaron, al ser elegidos por sufragio universal, pertenecían mayoritariamente a las fuerzas políticas más abiertas a los cambios. En la calle, el ambiente era igualmente intenso. La revolución había mandado al baúl de los recuerdos a los moderados y dio una mayor participación y más libertades para expresarse a los ciudadanos. Esta fue la gran conquista de la revolución; durante los seis años que duró, el pueblo pudo vivir en primera persona la democracia, de ahí que se conozca esta etapa como la del Sexenio Democrático. La constitución resultante de este ambiente político fue también la más democrática de todas las que hubo en el siglo XIX, superándose por vez primera la constitución de Cádiz.

c- Consecuencias: Claro que, al igual que ésta, tampoco duró mucho. Una vez elegido rey Amadeo de Saboya, la aplicación de esta Constitución estuvo dificultada por los múltiples problemas internos habidos en España y por la inestabilidad política, que determinaron la abdicación del rey en 1873. La I República intentó elaborar una nueva constitución donde desapareciese la monarquía y se instaurase el federalismo. La restauración de la monarquía en 1875 en la persona de Alfonso XII tampoco aceptó esta constitución y optó por otra de tendencia mucho más conservadora.

Profesor: Felipe Lorenzana de la Puente. 

TEMA XI: EL SEXENIO REVOLUCIONARIO

 XI.1. La revolución y la Constitución de 1869X.1.1. Causas de la revolución

De nuevo sería un pronunciamiento militar el detonante de un cambio político en la España del siglo XIX. Esta vez ocurrió en Cádiz y pronto fue secundado por otras guarniciones militares. La diferencia es que ahora el apoyo popular y político va a ser masivo y los efectos no se van a limitar a un cambio de gobierno, sino a un cambio de régimen. Por ello hablamos de revolución: por la extensa implicación social y geográfica que tuvo el movimiento y por los cambios estructurales que produjo, o al menos que intentó producir. Los coetáneos, entusiasmados con la revolución y con las expectativas que traía, la llamaron “la Gloriosa”.

En el estallido revolucionario confluyeron varias causas políticas, ideológicas y económicas. Vamos a sintetizarlas en tres:

1-       El descrédito de la monarquía, debido a su intervencionismo en la política y a la corrupción, y su identificación cada vez mayor con los sectores más conservadores.

2-       La penetración en la sociedad del ideario demócrata. Con una Iglesia en decadencia a causa de las desamortizaciones, nada impedía ya que la población se fuera abriendo a las ideas democráticas y echase de menos en el régimen vigente mayores libertades.

3-       La crisis agraria y financiera de 1866, que había llevado el malestar a todas las capas sociales.

En ese mismo año, los partidos de la oposición a los moderados alcanzaron un acuerdo mediante el cual lucharían por el derrocamiento de la reina y la convocatoria de una Cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino. Las conspiraciones se sucedieron y en ellas intervino todo el arco político, desde carlistas hasta republicanos, pasando por los primeros socialistas, los progresistas, los de la Unión Liberal, e incluso miembros de la familia real. El siguiente paso fue la insurrección militar, ante la cual no pudieron hacer nada las tropas leales a Isabel II. Ésta hubo de huir a Francia, por lo que fue destronada. Se formaron juntas revolucionarias por todo el país y el control de la situación acabarán tomándolo los liberales progresistas (Sagasta, Ruiz Zorrilla) y los militares vinculados a la Unión Liberal (Serrano, Prim, Topete). Entre ellos formaron un gobierno provisional.

XI.1.2. El gobierno provisional y la regencia de Serrano

Apoyado por el ejército, las milicias populares y los sectores progresistas, este gobierno pronto se vio presionado por las juntas revolucionarias para que tomase las primeras medidas, que fueron las siguientes:

1-       Ampliación de las libertades individuales (de asociación, de expresión, de enseñanza), y entre ellas la libertad religiosa. Se expulsó de nuevo a los jesuitas, se proclamó la libertad de cultos y se abolió el fuero (jurisdicción privada) de los eclesiásticos.

2-       Adopción de medidas económicas encaminadas a aliviar la presión fiscal (supresión del impuesto de consumos), propiciar el crecimiento minero e industrial y beneficiar el comercio exterior (reforma de los aranceles aduaneros).

Sin embargo, el gobierno provisional se decantó por restaurar la monarquía (sin decidirse de momento por ningún rey en concreto), lo que provocó el descontento de los republicanos. Para clarificar el modelo de Estado, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino a fin de que se redactase una nueva constitución, que se elabora a lo largo del año 1869. Aprobada la constitución, que también se decantó por la conservación de la monarquía, se estableció una regencia hasta tanto se encontraba un nuevo rey para España, descartándose de inmediato la continuidad de la dinastía borbónica. El general Serrano fue nombrado regente, y el también general Prim presidente del gobierno. Éste fue quien se ocupó de la misión de buscar rey, y el elegido fue Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia; atrás quedó la candidatura del rey portugués Fernando de Coburgo, que motivó los recelos de Inglaterra y de la propia Portugal ante los temores de que se uniesen los dos reinos peninsulares. Los Saboya contaban con la ventaja añadida, y el prestigio, de que acababan de lograr la unificación de Italia y de que eran afectos al liberalismo. Amadeo, finalmente, logró una amplia mayoría entre los diputados de las Cortes y fue elegido rey de España en noviembre de 1870. Poco después fue asesinado en un atentado su más firme valedor, Prim.

XI.1.3. La Constitución de 1869

Las Cortes que elaboraron esta constitución fueron famosas por la calidad de los debates que en ella se oyeron. Los brillantes oradores pertenecían a una nueva generación de políticos llamados a ocupar en el futuro importantes responsabilidades, tales como Castelar y Canovas. En la calle, el ambiente era igualmente intenso. La revolución había mandado al baúl de los recuerdos a los moderados y dio una mayor participación y más libertades para expresarse a los ciudadanos. Con la introducción de sufragio universal masculino, todo el mundo se interesaba por la política, por conocer mejor las distintas opciones a las que podía confiar su voto. Proliferaron las tertulias, los clubes, los órganos de prensa, los mítines… Esta fue la gran conquista de la revolución; durante los seis años que duró, el pueblo pudo vivir en primera persona la democracia, de ahí que se conozca esta etapa como la del Sexenio Democrático. La constitución resultante de este ambiente político fue también la más democrática de todas las que hubo en el siglo XIX, superándose por vez primera la constitución de Cádiz de 1812. Claro que, al igual que ésta, tampoco duró mucho.

Fueron dos los asuntos más espinosos en los debates de la nueva constitución: el tipo de régimen (monarquía o república) y la cuestión religiosa. Finalmente se decidieron por una monarquía en la que los poderes del rey quedaban muy recortados. El lema que aplicaron era el siguiente: “el rey reina pero no gobierna”. El otro asunto se arregló a medias: se aceptó la libertad de culto, pero se mantendría con dinero del Estado el culto y clero católicos.

Además, la constitución de 1869 estableció los principios fundamentales del liberalismo democrático: sufragio universal, soberanía nacional, capacidad legislativa plena de las Cortes, independencia también plena del poder judicial, amplia declaración de derechos y libertades del ciudadano, etc. Se mantuvo vigente hasta el fin del sexenio, en 1874.

 XI.2. El reinado de Amadeo I

Llegó a España en enero de 1871 resuelto a ser el rey constitucional que todos esperaban, pero las dificultades que se encontró fueron enormes. El primero fue la pérdida del más brillante político del sexenio y su principal apoyo, Prim. El problema más gordo fue luego el de la estabilidad política, pues los gobiernos se sucedían unos a otros (Sagasta, Serrano, Zorrilla, etc.) sin conseguir que alguno de ellos fraguase. A la debilidad interna se unía la oposición que se gestó en torno al rey. ¿Quiénes no le querían? A saber: las elites tradicionales (el clero y la nobleza), que no aceptaban un rey extranjero que, encima, había arrebatado al papa sus estados del centro de Italia al unificar Italia y que había sido nombrado por un gobierno que había terminado con los últimos privilegios de la Iglesia en España; los republicanos, por razones obvias; el movimiento obrero, que estaba en pleno auge tras la Comuna de París de 1871; y los monárquicos partidarios de los Borbones, vinculados a Cánovas del Castillo.

Además de todo ello, se desató en Cuba, colonia española, una guerra por su independencia. Como sólo faltaba que la abuela pariese, por si no había bastantes problemas reaparece el carlismo provocando la tercera guerra civil.

Harto de problemas, el rey abdicó en febrero de 1873 y las Cortes, de inmediato, proclamaron la I República. La etapa de Amadeo representa el fracaso del intento por consolidar en la España del siglo XIX una monarquía verdaderamente democrática.

 XI.3. La I RepúblicaXI.3.1. Los gobiernos republicanos

La primera experiencia republicana en la historia española sólo duró 11 meses, intentando sin éxito llevar adelante los ideales de la revolución nacida en septiembre de 1868. La idea republicana no gozaba aún de suficiente raigambre en el país y, además, sus cuadros dirigentes pronto manifestaron discrepancias internas. Ahora, el motivo de división era el modelo de gobierno territorial: centralismo o federalismo. Los presidentes que tuvo la república fueron:

1-       Estanislao Figueras: febrero a junio de 1873. Su propósito principal fue la constitución de unas nuevas Cortes que definieran la situación creada por la proclamación de la República. Reunido este nuevo parlamento en el mes de junio, fue nombrado un nuevo presidente:

2-       Francisco Pi y Margall: junio y julio de 1873. Partidario del federalismo, presentó un proyecto de nueva constitución que dividía a España en 17 estados federados, pero los acontecimientos se precipitaron y la insurrección cantonal (federalistas radicales) iniciada en Cartagena propició su caída.

3-       Nicolás Salmerón: julio a septiembre de 1873. Dio un giro conservador a la república y centró sus esfuerzos en acabar con el problema cantonal. Dimitió.

4-       Emilio Castelar: septiembre de 1873 a enero de 1874. Practicó una política de autoridad encaminada a preservar el orden y la unidad del país.

XI.3.2. El cantonalismo

Los republicanos federalistas más intransigentes no esperaron a que las Cortes resolvieran la cuestión del modelo territorial para España y decidieron actuar por su cuenta. Se amotinaron en Cartagena y en otras ciudades de Levante y de Andalucía, declarándolas estados independientes con la finalidad de acelerar la formación de un estado español federal. El movimiento obrero, aún incipiente pero muy activo, acudió a apoyarles, entre ellos los anarquistas. Buena parte del país se fraccionó en pequeños estados a escala provincial, comarcal e incluso local, formando gobiernos soberanos y hasta organizando sus propios ejércitos. El ejército de la república se empleó con dureza contra las zonas insurrectas. El último cantón en caer fue Cartagena, donde el apoyo popular era importante. El cantonalismo desacreditó al movimiento federal, y de paso a la República; al mismo tiempo, robusteció el prestigio de los militares que se distinguieron en su pacificación, y ellos serán los protagonistas del nuevo cambio de régimen al avalar la monarquía de Alfonso XII.

XI.3.3. Los problemas y la crisis del Sexenio

Otros dos problemas enturbiaron el desarrollo de la República y de los dos últimos años del Sexenio: la guerra de Cuba y el carlismo. La primera había estallado en 1868; los cubanos rechazaban su condición de colonia y denunciaban la explotación a la que eran sometidos, y fueron apoyados por Estados Unidos, aunque los yankees lo que querían realmente era quedarse con la isla. Las negociaciones con los rebeldes fracasaron y la guerra se alargó durante diez años, causando enormes pérdidas humanas y materiales, lo que motivó el descontento de la población. Por su parte, el carlismo aprovechó el revuelo causado por el exilio de Isabel II y la proclamación de la República para volver a dar la vara. Las circunstancias le beneficiaron, pues muchos de los opuestos a la Revolución de 1868 se aliaron con los carlistas con tal de hacerla fracasar y volver al orden tradicional. Como en las elecciones sacaban pocos diputados, los partidarios de Carlos VII decidieron volver al campo de batalla, logrando imponerse en el norte y en el Levante. La República tampoco pudo con ellos; no serán derrotados hasta 1876.

Frente a los problemas en casa y en Cuba, la República ofrecía una imagen de debilidad y de división interna que impedía afrontarlos con firmeza. El general Pavía decidió acabar por las buenas con las Cortes republicanas disolviéndolas tras un golpe de estado. El régimen se mantuvo durante todo el año 1874 bajo la presidencia del general Serrano. Sin renunciar a los principios de la Constitución de 1869, su mandato se obsesionó  por  garantizar la unidad del país y concitar el apoyo de los poderes fácticos (iglesia, ejército, burguesía, liberales moderados), por lo que aplicó una política conservadora. Sin embargo, ello no impidió que esos mismos poderes se aproximaran a la idea de Cánovas del Castillo sobre el retorno de los Borbones en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II. Su proyecto parecía ser la solución para devolver al país la calma y solucionar los problemas de orden internos y externos. Otro pronunciamiento militar, éste protagonizado por Martínez Campos en diciembre de 1874, propició la venida de Alfonso XII y con él la de una nueva etapa política que se prolongará hasta la II República (1931): la Restauración.

 

Profesor: Felipe Lorenzana de la Puente. 

COMENTARIO DEL TEXTO X: DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL

 

LOCALIZACIÓN

Texto de naturaleza jurídica, pues se trata del fragmento de uno de los primeros decretos que se pusieron en marcha durante el reinado de Isabel II para desvincular las tierras de la Iglesia y proceder a su venta. Publicado en febrero de 1836, durante la regencia de María Cristina, su autoría se debe a Juan Álvarez Mendizábal, político liberal progresista y presidente del gobierno durante esta etapa, que además de las leyes de desamortización aplicó una nueva Constitución, la de 1837, y llevó a cabo la transición hacia un régimen capitalista burgués, desmontando las estructuras del Antiguo Régimen. El decreto se dirige a toda la población, pero afecta fundamentalmente a las órdenes religiosas.

 

ANÁLISIS

El texto comienza justificando la decisión de expropiar las tierras del clero regular: por un lado, aliviar la deuda del Estado, que viene de lejos, puesto que la base fiscal era muy reducida y los gastos de la guerra contra el carlismo eran cuantiosos; por otro, mejorar la productividad de unos terrenos cuyos propietarios no trabajaban y que, según la mentalidad burguesa, estarían en mejores manos si fueran privatizados: “a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado”. El artículo primero dictamina la venta de las propiedades de las comunidades religiosas extinguidas, esto es, de los conventos y monasterios clausurados desde el Trienio Liberal hasta la actualidad; se hará dividiéndolas en lotes para que pudieran acceder a ellas el mayor número de propietarios posibles. Para tal fin, los precios de los terrenos no fueron elevados y, además, se concederían facilidades de pago a los compradores. El dinero que se ingresare de las subastas iría a las arcas del Estado. El artículo segundo exceptúa de las ventas los edificios de especial utilidad pública o valía artística, a fin de proteger el patrimonio nacional y evitar la dispersión de obras de arte. COMENTARIO HISTÓRICO

a- Precedentes: Los gobiernos ilustrados del siglo XVIII intentaron poner remedio a la situación en la que se encontraba la agricultura española, poco productiva y con la propiedad concentrada en pocas y muy inútiles manos, casi todas vinculadas (no enajenables) a los estamentos privilegiados y a los municipios. De esta forma, se dictaron leyes que limitaban la creación de mayorazgos, se inició una tímida desamortización de las tierras de la Iglesia con el gobierno de Godoy y de las propiedades municipales que no se explotaban (baldíos), y se atajaron los abusos de la Mesta. Pero la Reforma Agraria tuvo un alcance muy limitado, pues no se atrevieron a profundizar en estas medidas, apenas se tocaron los intereses de los privilegiados y el miedo a que se desatara una revolución como la francesa de 1789 paralizó la Reforma a finales del siglo XVIII. Las experiencias liberales anteriores al reinado de Isabel II retomaron la cuestión de la reforma agraria. Tanto las Cortes de Cádiz (1810-1813) como el Trienio Liberal (1820-1823) abolieron el régimen señorial, desvincularon la propiedad nobiliaria, diseñaron el reparto de los bienes de propios y comunales e iniciaron la desamortización de las tierras de la Iglesia, pero las reacciones absolutistas en 1814 y 1823, respectivamente, truncaron las reformas. La cuestión agraria y su problemática fue heredada en toda su extensión por los gobiernos liberales a partir de 1833.

b- Contextualización: El gobierno progresista de Juan Álvarez de Mendizábal expide, a lo largo de 1836 y 1837, un decreto y una ley por los que nacionaliza (apropiación por el Estado) los bienes del clero regular (las órdenes religiosas), regulando su tasación, subasta y venta a particulares. La finalidad era reducir la deuda del Estado, pagar los gastos de la guerra contra los carlistas y favorecer la producción agraria al pasar los bienes de la mano muerta, que generaba escasos beneficios, a propietarios particulares que las explotarían con mejor criterio. La regencia de Espartero amplió en 1841 la desamortización a los bienes del clero secular (iglesias, parroquias, catedrales), comprometiéndose el Estado a mantener a los curas para garantizar la continua­ción del culto católico. El gobierno moderado instaurado en 1843 suspenderá el proceso, pero no devolvió a la Iglesia los bienes que ya habían sido vendidos. No será hasta el Bienio Progresista (1854-1856) cuando se complete la desamortización eclesiástica y se afronte la desamortización civil de los bienes municipales, siendo Pascual Madoz, ministro de Hacienda, su principal impulsor.

c- Consecuencias: Se estima que se sacaron a la venta unos 10 millones de hectáreas, lo que representaba el 20% del territorio español y el 40% de la tierra cultivable. Los objetivos se cumplieron, pero a medias: la deuda pública se redujo; la producción se incrementó de forma muy notable al ponerse en cultivo nuevas tierras y mejorar algo los rendimientos de las que ya se labraban; también se amplió y se diversificó el número de propietarios. Sin embargo, no se consiguió que la mayoría de los campesinos, que carecían de recursos para acudir a las subastas, accedieran a la propiedad de las tierras. Su situación se deterioró y quedaron a merced de la burguesía agraria latifundista, los caciques en suma; es lo que se ha venido a llamar la proletarización del campesinado. En definitiva, se solucionó el tema de la propiedad, pero se generó un problema social en el campo. El hambre de tierra, el paro y la pobreza generaron numerosos conflictos en todo el país; el problema permanecerá latente y sin solución aparente hasta la II República (1931-1939). Por otra parte, la lista que se confeccionó de edificios de utilidad pública y valía artística no fue generosa, por lo que se perdieron o salieron del país muchas obras de arte al caer en manos de compradores desaprensivos que sólo buscaban el interés material.

 Profesor: Felipe Lorenzana de la Puente.

TEMA X: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL

 

X.1. CONSTITUCIONALISMO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN EL REINADO DE ISABEL II

X.1.1. LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y DE ESPARTERO (1833-1843)

Durante el reinado de Isabel II se consolida en España el modelo político liberal, abandonándose la monarquía absoluta. El proceso no fue fácil y estuvo plagado de conflictos internos en el propio movimiento liberal. La inestabilidad política y las luchas entre moderados y progresistas caracterizaron este reinado.

Al tener la reina tan sólo dos años cuando muere su padre, Fernando VII, se inicia un periodo de regencia, sistema en el cual un regente o consejo de regencia asume los poderes en nombre de la reina.

Entre 1833 y 1840 transcurre la regencia de María Cristina, madre de Isabel II, quien hubo de afrontar dos graves problemas: por un lado, el carlismo, que reclamaba el trono para el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y que había iniciado una guerra con el apoyo de los sectores absolutistas. Y por otro lado, el liberalismo, que reclamaba la democratización del país. La regente tenía que elegir entre uno de los dos para no quedar aislada. El liberalismo estaba muy dividido entre moderados y progresistas. Los primeros querían que la transición hacia el régimen liberal se hiciera despacio y sin radicalismos, y serán éstos quienes sean llamados por la regente para formar gobierno. Con Martínez de la Rosa de presidente se aprueba el Estatuto Real de 1834, una pseudo-constitución elaborada por el gobierno, no por las Cortes, que establecía una mínima apertura liberal, una forma suave de desmontar poco a poco el Antiguo Régimen. Pero los liberales progresistas consideraban insuficiente esta apertura y presionan a la regente, quien se ve obligada a entregarles el gobierno. Con Juan Álvarez de Mendizábal de presidente asistimos a dos momentos importantes: la aprobación de una nueva Constitución en 1837, que será de carácter progresista (amplias libertades, ampliación de los poderes de las Cortes, etc.) y el inicio, al fin, de la desamortización eclesiástica.

Acabada la guerra carlista con triunfo para los isabelinos o cristinos en 1839, la regente creyó llegado el momento de dar un giro moderado a la revolución abierta en 1837, pues las reformas liberales tenían escandalizada a la España más conservadora: la iglesia, la aristocracia, la alta burguesía, los propietarios… Sin embargo, los progresistas adivinan la jugada y provocan una sublevación popular que termina poniéndole a la regente las maletas en la frontera con Francia.

El general Baldomero Espartero asume la regencia entre 1840 y 1843 con el apoyo de los liberales progresistas. Es la primera vez en la historia española que un militar llega a tan elevado cargo político. Pronto acabará por enfrentarse a todos: a los moderados, que reclamaban la reforma de la Constitución progresista del 37; a los progresistas, que no aceptaban sus métodos dictatoriales y pedían la aceleración de las reformas; y a los liberales radicales (republicanos, demócratas, etc, que aparecen ya en la vida política española, aunque aún en la clandestinidad). La conflictividad laboral en las ciudades crecía y con ella las alteraciones del orden público, que el general se encargaba de reprimir con saña, destacando, por ejemplo, el bombardeo al que sometió a Barcelona para terminar con una insurrección popular. Aislado, con medio país en pie de guerra, un militar moderado, Narváez, provocará finalmente la caída del regente y, quien se exilia en Inglaterra. Las Cortes, hartas de regentes, declaran mayor de edad a Isabelita con tan solo trece años.

X.1.2. EL REINADO DE ISABEL II: ETAPAS (1843-1868)A- La Década Moderada (1843-1854)La reina se identifica claramente con el sector moderado del liberalismo, a quienes entrega el gobierno, marginando a los progresistas. Una de las primeras medidas decisivas que toman los gobiernos moderados es la aprobación de una nueva constitución, la de 1845, vigente hasta 1868, la cual refuerza el poder de la Corona, limita la influencia de las Cortes y reduce las libertades de los ciudadanos. Como no hay consenso entre las distintas familias liberales, se cambia de constitución cuando cambia el signo político del gobierno y así cada uno la hacía a su gusto. Durante estos diez años largos de moderantismo, los objetivos fundamentales fueron los siguientes: –             Potenciar el principio de autoridad y orden: supresión de las milicias populares, amplias facultades al ejército en materia de orden público y creación de un nuevo instituto armado: la Guardia Civil.–             Se restringe el sistema electoral, sólo votan los propietarios y los llamados “capaces” (intelectuales, funcionarios, militares, abogados, etc.). La participación del pueblo se reduce al mínimo. El gobierno interviene en las elecciones y falsifica los resultados (pucherazo) con la complicidad de las autoridades locales, todo con tal de mantener a los progresistas alejados del poder.–             Se consolida el modelo de estado centralizado. Se limitan los fueros vascos y navarros (se suprimen las aduanas con España, por ejemplo). Diputaciones y ayuntamientos pierden autonomía y quedan como meras oficinas dependientes del gobierno central.–             Se garantizan las libertades individuales: la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, las libertades económicas, supresión de privilegios fiscales, etc. Aunque sin pasarse. Por ejemplo, había en teoría libertad de expresión, pero también una censura bastante rígida. La Década moderada tampoco fue una época tranquila. La desamortización se detiene, aunque no se devuelve lo expropiado. La conflictividad laboral aumenta. La oposición y las Cortes quedan marginados, por lo que a los progresistas tan sólo les quedaba provocar una nueva insurrección popular para volver al poder. Entre los propios moderados también se aprecia una clara división entre los partidarios de entenderse con los progresistas y los que preferían pactar con el carlismo, queriendo casar a la reina con el pretendiente carlista (finalmente se casará con su primo Francisco de Asís de Borbón, aunque es dudoso que llegaran a consumar el matrimonio). El intervensionismo del ejército y de la reina provocó continuos cambios de gobierno: hasta 19 gabinetes, con presidente incluido, se sucedieron en esta etapa. Narváez estuvo en la presidencia en cuatro ocasiones distintas. El que más tiempo duró fue el extremeño Bravo Murillo, quien gobernó entre 1851 y 1852 y pretendió dar un giro todavía más conservador al gobierno, lo cual provocó tal reacción que, unido a diversos escándalos de corrupción, dejaron al moderantismo herido de muerte.B- El Bienio Progresista (1854-1856)En junio de 1854 estalla una revolución al estilo de casi todas las de este siglo: movilizaciones políticas (en este caso protagonizadas por los progresistas), pronunciamiento militar y finalmente insurrección popular. El líder era en este caso el general Leopoldo O’Donnell, quien presentó a la reina el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo). Reclamaban en él los revolucionarios que la reina se desprendiera de las camarillas de políticos que tanta influencia tenían sobre ella, que respetara la constitución, que se ampliase el derecho al voto, que se extendiesen las libertades, sobre todo la de expresión, que se restaurase la milicia y que se democratizasen los ayuntamientos. La reina decide entregar el gobierno a una coalición de moderados, progresistas y demócratas, el presidente será Espartero y O’Donnell ministro de Guerra. La revolución popular se detiene y los más progresistas pronto saldrán defraudados. Lo intentarán de nuevo en 1868.No obstante, durante el Bienio se aceleran las reformas y se profundiza en la democratización de España. Los objetivos del Manifiesto de Manzanares se llevaron a la práctica, la desamortización conoce un impulso importante (sobre todo la de bienes municipales, llevada a cabo por el ministro de Hacienda Pascual Madoz), se liberaliza la economía, se propicia el desarrollo del ferrocarril y la industria y se favorece a la banca y al gran capital. Por supuesto, también se redacta una nueva constitución de carácter progresista, aunque no hubo tiempo para aplicarla (se llama, por eso, la non nata).El gobierno del Bienio hubo de afrontar la primera gran oleada de conflictividad laboral de la historia: la carestía de la vida, las pésimas condiciones de trabajo de los obreros, los bajos salarios y el desempleo motivaron el descontento de las masas. Fue sonada la huelga general de Barcelona en 1855, que se considera el punto de partida del movimiento obrero español. El fracaso a la hora de entenderse con los trabajadores, más la hostilidad de la reina y de los moderados, más la reanimación de las revueltas urbanas provocan el fin de esta breve etapa: Espartero dimite y O’Donnell se hace cargo de la presidencia, tomando como primera medida la represión de los revoltosos.C- Los últimos años del reinado de Isabel II. El proyecto de centro políticoLa vuelta al moderantismo con O’Donnell se hace, sin embargo, sin marginar a los progresistas. El general quiere crear un partido de centro que agrupe a las distintas familias liberales y pueda enfrentarse con más garantías al movimiento obrero y a los grupos más radicales (republicanos y demócratas). Nace, así, la Unión Liberal en 1858, que gobernará hasta 1863 en medio de un clima de estabilidad política y progreso económico: industrialización (aunque muy localizada), fomento de las obras públicas e infraestructuras del transporte, aumento de la producción agraria gracias a las desamortizaciones… El país comienza a modernizarse al fin, se acelera el crecimiento demográfico y la urbanización. En política exterior se intentan reverdecer los laureles de la etapa imperial, interviniendo el ejército en Indochina, Marruecos, México y la República Dominicana, aunque con escasos resultados positivos. La manía de los gobiernos de turno de monopolizar el poder, falsificando los resultados electorales y cabreando a las otras opciones políticas, explican el comienzo de la crisis que acabará con esta etapa y también con el reinado de Isabelita. Tras la dimisión de O’Donnell en 1863, la descomposición política se acelera: nuevo periodo de inestabilidad, se suceden siete gobiernos en sólo cinco años, con la reina haciendo y deshaciendo a su antojo. Aumenta la represión, se recortan las libertades y, para rematar, sobreviene una grave crisis agraria y financiera en 1866. El descontento popular vuelve a llenar las calles de manifestantes. En 1868, una revolución llamada La Gloriosa acaba con la monarquía, iniciándose una nueva etapa en la historia española conocida como el Sexenio Revolucionario.

X.1.3. EL CONSTITUCIONALISMO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II

Cuatro modelos de constitución se sucedieron en los 35 años del reinado, y ninguno logró la aceptación de todos al haber sido redactados sin el consenso de los principales grupos políticos. En el siguiente cuadro exponemos las líneas principales de cada constitución:

 

	ESTATUTO REAL	CONSTITUCIÓN DE 1837	CONSTITUCIÓN DE 1845	CONSTITUCIÓN DE 1854
VIGENCIA	1834-1836	1837-1843	1845-1868	No tuvo
NATURALEZA	Muy conservador	Progresista	Moderada	Progresista
SOBERANÍA	Real	Compartida rey/nación	Compartida rey/nación	Nacional
EJECUTIVO: EL GOBIERNO	Predominante: gobierna y legisla	Fuerte. Legisla con las Cortes, puede disolverlas y vetarlas	Igual que el anterior, pero aún con más poderes	Legisla con las Cortes, pero no puede vetarlas ni disolverlas
CORTES	Bicamerales: Cáma­ra de los próceres (nobleza, elegidos por la reina) y Cámara de los procu­ra­dores (elección popular indirecta). Función consultiva.	Bicamerales: Congreso (elección popular directa) y Senado (elección indirecta y designa­ción real).Función legislativa	Bicamerales: Congreso (elección popular directa) y Senado (designación real).Función legislativa	Bicamerales: Congreso (elección popular directa) y Senado (elección indirecta y designación real).Función legislativa y de control
SUFRAGIO	Muy censitario (vota el 0’15% de la población)	Censitario: votan mayores contribu­yentes, sobre el 2%	Muy censitario: mayores contribu­yentes y “capaci­tados” (1%)	Censitario
DERECHOS INDIVIDUALES	No se recogen	Se recogen con amplitud	Se restringen	Se amplían
OTROS		Ayuntamientos democráticos		Ayuntamientos democráticos

 

X.2. LOS GRUPOS POLÍTICOS Y DE PRESIÓN. EL CARLISMO

X.2.1. LOS GRUPOS POLÍTICOS

Ya desde el Trienio (1820-23) se hace evidente la división en el seno del movimiento liberal, con dos facciones enfrentadas que protagonizan constantes disputas y alternancias en el gobierno durante el reinado de Isabel II y, en general, hasta la llegada de la II República en 1931: son los moderados o conservadores, que hoy llamaríamos la derecha, y los progresistas, la izquierda. Más adelante surgen los liberales radicales, situados a la izquierda de los progresistas. No son aún, al menos hasta mediados de siglo, partidos firmemente establecidos, con una organización permanente y disciplina interna, sino más bien grupos de opinión que se agrupan en las Cortes y cuentan con el apoyo de una parte de la prensa y de ciertos sectores sociales. Las tres formaciones, al ser liberales, comparten algunos principios, como son la defensa del constitucionalismo, la división de poderes, la igualdad social ante la ley, los derechos del individuo, o la participación del pueblo en el proceso político mediante el sufragio.

Las diferencias básicas en sus ideas las condensamos en el siguiente cuadro:

 

	MODERADOS	PROGRESISTAS	RADICALES
SOBERANÍA	Compartida rey / nación	Nacional	Nacional plena
CORONA	Refuerzan su poder, es el factor político más decisivo	Recortan sus atribuciones	Reducen su papel al de árbitro entre las institu­ciones. Algunos defien­den la República
CORTES	Legislan con el rey pero carecen de capacidad de control. Bicamerales, con el Senado elegido por el monarca	Capacidad plena para legislar y de control sobre el ejecutivo. Bicamerales, ambas cámaras por elección
SUFRAGIO	Censitario, restringido a los mayores contribu­yentes. Desprecian a las clases media y baja	Censitario, con ampliación gradual del derecho al voto	Universal masculino
DERECHOS INDIVIDUALES	Muy restringidos. Se centran en la defensa de la propiedad privada. Prima el principio de orden y autoridad. Censura para limitar la libertad de expresión	Declaración de derechos amplia, sobre todo de imprenta y asociación	Declaración de derechos amplia, sobre todo de imprenta y asociación. Piden, entre otras cosas, la extensión y gratuidad de la enseñanza primaria
RELIGIÓN	Estado confesional católico	Tolerancia	Libertad de culto
FUERZAS DE SEGURIDAD	Amplias atribuciones al ejército y a la guardia civil. Rechazan las milicias populares	Partidarios de la milicia
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y LOCAL	Subsidiarias y sometidas al gobierno central	Democráticas, con autonomía y participación activa de la ciudadanía
APOYO SOCIAL	Clases altas y medio-altas, las beneficiadas por la desamortización y la revolución industrial; nobleza y alta burguesía	Clases medias: pequeña burguesía, artesanado, funcionarios, militares medios		Clases medias y bajas. Obreros industriales. Intelectuales

 X.2.2. EL CARLISMO

El carlismo surge a raíz del conflicto sucesorio iniciado en los últimos años del reinado de Fernando VII; su hermano Carlos no acepta que una mujer, su sobrina, pueda acceder al trono y lo reclama para sí. Sus partidarios son los defensores de mantener sin alteración el Antiguo Régimen, destacando el apoyo del clero y de la aristocracia. Territorialmente, sus seguidores se hallan principalmente en las provincias del norte, sobre todo en los territorios forales navarro y vasco, pues una de las características del carlismo es la defensa de los fueros (los liberales querían quitarlos). Ideológicamente son absolutistas, foralistas, antiliberales y católicos a rabiar. Su lema es: Dios, patria, rey.

Estos modorros provocaron tres guerras civiles a lo largo del siglo. La primera transcurre entre 1833 y 1839 y se desarrolla en la mitad norte de España, aunque con algunas incursiones y apoyos en el sur; recurren a la guerra de guerrillas ante la superioridad del ejército real; el conflicto acaba con la firma del Convenio o Abrazo de Vergara entre los generales Maroto (carlista) y Espartero (realista), por el cual el gobierno se comprometia a mantener los fueros y a integrar en el ejército a los oficiales carlistas. Pero Carlos María Isidro no renuncia a sus pretensiones de ser el rey de España. En 1844 abdica a favor de su hijo Carlos Luis (Carlos VI para esta gente), quien encabeza la segunda guerra entre 1845 y 1849, reavivándose en 1860; fue un conflicto de escasa intensidad, más bien escaramuzas, que termina con la captura del pretendiente y la renuncia que hace de sus derechos. Pasan estos derechos a su hermano Juan y de aquí a su hijo Carlos (VII), y con éste se desarrolla la tercera guerra carlista entre 1872-1876, la más grave de todas, pues concitó el apoyo al carlismo no sólo de los absolutistas sino también el de todos los que estaban escandalizados por el desarrollo del Sexenio Revolucionario; además, España estaba sin rey desde 1868 y con la proclamación de la I República en 1873 la causa carlista se fortalece. Una vez derrotados, miles de carlistas inician el camino del exilio, al tiempo que los fueros del País Vasco y Navarra son, por fin, después de varios siglos vigentes, suprimidos. En lugar de los fueros, el gobierno central negocia con estos territorios un concierto económico donde se fija el cupo que ingresan a las arcas del Estado, todavía vigente en la actualidad. El carlismo subsistirá como opción política, creando un partido llamado Unión Católica, que incluso colaboró en algunos gobiernos conservadores en la época de Cánovas del Castillo. En la actualidad aún existe un candidato al trono y un partido político carlistas.

X.2.3. EL EJÉRCITO EN LA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XIX

El papel del ejército español en la vida política ha sido fundamental, no sólo en el siglo XIX sino también en el XX. Ello se debe a una razón fácil de entender: el ejército alcanza un gran prestigio con el éxito obtenido en la Guerra de la Independencia (1808-1813) y en la I Guerra Carlista (1833-39); se muestra ante la población como una institución fuerte, poderosa, jerarquizada, disciplinada, autoritaria, y además y sobre todo, armada, en contraste con unos grupos o partidos políticos débiles, desorganizados, enredados en luchas fraticidas e incapaces muchas veces de imponer el orden en el país. El ejército interviene constantemente en la vida española: en las guerras exteriores, en los conflictos interiores, pone y depone gobiernos, los preside con frecuencia, establece el orden de las calles, actúa como árbitro entre las facciones políticas y realiza pronunciamientos que sirven para derribar o reponer regímenes políticos.

Los militares más destacados en la época de Isabel II fueron Espartero, Narváez y O’Donnell, todos los cuales llegaron a presidir el gobierno. En el Sexenio Revolucionario el papel de los militares fue decisivo tanto en su inicio (un pronunciamiento militar acabó con Isabel II) como en su final (el golpe de estado del general Pavía terminó con la experiencia republicana, y el pronunciamiento militar de Martínez Campos restauró la corona en las sienes de Alfonso XII) y también en su desarrollo, alcanzando un gran protagonismo los generales Serrano (“el general bonito”, según la reina depuesta), Prim y Topete.

En el periodo de la Restauración (1874-1923), la participación de los oficiales en los gobiernos fue menor, pero el ejército se configuró como el mayor de los poderes fácticos, con capacidad de intervenir en el momento en que lo estimase oportuno. Observamos una clara evolución: si en el XIX teníamos un ejército esencialmente liberal (recordemos al coronel Riego), en el XX se muestra como una institución conservadora, cuando no fascista. Sirva como ejemplo el hecho de que las dos dictaduras habidas en el siglo pasado fueron encabezadas por militares: Miguel Primo de Rivera (1923-29) y Francisco Franco, calvillo (1939-1975). 

X.3. LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. LA DESAMORTIZACIÓN

X.3.1. LA AGRICULTURA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA ANTES DE LA REFORMA LIBERAL

Ya sabemos que la agricultura era la principal fuente de riqueza del país durante el Antiguo Régimen y hasta bien entrado el siglo XIX. Tras la crisis del XVII, la producción agraria creció al compás que lo hizo el incremento demográfico en el siglo XVIII, pero no lo suficiente, debido a estas limitaciones:

1-       Técnicas agrarias rudimentarias, que apenas habían avanzado desde la Edad Media, y escasa formación del campesinado.

2-       Preferencia dada a la ganadería a la hora de aprovechar las tierras.

3-       Escasas inversiones que se hacían para mejorar la productividad. El objetivo era obtener la renta boba con unos costes mínimos de producción.

4-       Concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, que además no la trabajan directamente, confiando su labor en jornaleros mal remunerados y nada incentivados para mejorar la producción.

5-       Régimen de propiedad con dominio de las tierras vinculadas a las familias poderosas (mayorazgos), el estamento eclesiástico (mano muerta) y a los ayuntamientos (propios, comunes y ejidos). Las propiedades vinculadas o amortizadas no estaban bien explotadas por lo dicho anteriormente. La propiedad privada libre tenía un peso mucho menor; en ella se obtenían mejores rendimientos, pero no podía aumentar porque la legislación prohibía la venta de las tierras vinculadas.

Los gobiernos ilustrados intentaron poner remedio a esta situación y propiciar un crecimiento de la producción agraria. De esta forma, se dictaron leyes que limitaban la creación de mayorazgos, se inició una tímida desamortización de las tierras de la Iglesia y de las propiedades municipales que no se explotaban (baldíos), y se atajaron los abusos de la Mesta. Pero la Reforma Agraria tuvo un alcance muy limitado, pues no se atrevieron a profundizar en estas medidas, apenas se tocaron los intereses de los privilegiados y el miedo a que se desatara una revolución como la francesa de 1789 paralizó la Reforma a finales del siglo XVIII.

Las experiencias liberales anteriores al reinado de Isabel II retomaron la cuestión de la reforma agraria. Tanto las Cortes de Cádiz (1810-1813) como el Trienio Liberal (1820-1823) abolieron el régimen señorial, desvincularon la propiedad nobiliaria, diseñaron el reparto de los bienes de propios y comunales e iniciaron la desamortización de las tierras de la Iglesia, pero no resolvieron el acceso del campesinado a la propiedad y, de todas formas, las reacciones absolutistas en 1814 y 1823 truncaron las reformas. La cuestión agraria y su problemática fue heredada en toda su extensión por los gobiernos liberales a partir de 1833.

X.3.2. LA REFORMA AGRARIA LIBERAL Y LAS DESAMORTIZACIONES

La transición al capitalismo se inició en España con la reforma agraria liberal, cuyo propósito esencial era la potenciación de la producción de alimentos, tan necesaria en un país que experimentaba un crecimiento demográfico continuo. La vía de solución intentará establecer un compromiso entre los poseedores de la tierra en el Antiguo Régimen (la aristocracia) y los nuevos detentadores del poder (la burguesía). A los primeros se les respetarán sus propiedades, y los segundos serán quienes se aprovechen de la desamortización.

Los procedimientos seguidos para llevar a cabo la reforma fueron dos: la abolición definitiva del régimen señorial y las desamortizaciones. Con el fin de los señoríos desapareció la jurisdicción de sus titulares sobre multitud de poblaciones de toda España, que pasaron a ser gobernadas directamente por el Estado. Pero la propiedad de las tierras sujetas al señorío fue entregada a sus señores en calidad de bienes libres privados, siendo desoídas las reclamaciones del campesinado, que las había trabajado durante siglos. Los mayorazgos también desaparecieron y sus bienes se consideraron propiedad particular de sus titulares. La nobleza, pues, perdió el privilegio de la vinculación y los derechos señoriales, pero no la propiedad de la tierra.

La desamortización es un acto jurídico por el que los bienes vinculados o amortizados, aquellos que por estar en manos de instituciones (la Iglesia, los municipios) no podían ser enajenados (vendidos), pasan a ser considerados libres, de propiedad particular, y a continuación confiscados por el Estado (bienes nacionales) y puestos a la venta en pública subasta y adjudicados al mejor postor. Durante el reinado de Isabel II se desarrollaron dos grandes procesos desamortizadores:

a-       La Desamortización eclesiástica de Mendizábal: El gobierno progresista de Juan Álvarez de Mendizábal expide, a lo largo de 1836 y 1837, un decreto y una ley por los que nacionaliza (apropiación por el Estado) los bienes del clero regular (las órdenes religiosas), regulando su tasación, subasta y venta a particulares. La finalidad era reducir la deuda del Estado, pagar los gastos de la guerra contra los carlistas y favorecer la producción agraria al pasar los bienes de la mano muerta, que generaba escasos beneficios, a propietarios particulares que las explotarían con mejor criterio. Mendizábal abolió igualmente una lacra llamada Honrado Concejo de la Mesta. Las tierras expropiadas se vendieron a precios no muy elevados y podían ser pagadas al Estado en efectivo o en cómodos plazos durante quince años. La regencia de Espartero amplió en 1841 la desamortización a los bienes del clero secular (iglesias, parroquias, catedrales), comprometiéndose el Estado a mantener a los curas para garantizar la continua­ción del culto católico. El gobierno moderado instaurado en 1843 suspenderá el proceso, pero no devolvió a la Iglesia los bienes que ya habían sido vendidos.

b-       La Desamortización civil de Madoz: El ministro de Hacienda del Bienio Progresista, Pascual Madoz, impulsó la ley que en 1855 completó la desamortización eclesiástica y sacó a la venta pública todos los bienes rústicos y urbanos pertenecientes a los propios y comunes de los municipios. Desde la Edad Media, los propios habían sido alquilados por los ayuntamientos para costear los servicios públicos, y los comunes (prados, dehesas, bosques…) se repartían entre los vecinos o eran disfrutados de forma gratuita por la comunidad. Desde ahora serán propiedad privada de sus compradores. Como antes había ocurrido con la Iglesia, los municipios perderán sus recursos; con su patrimonio pierden también definitivamente su autonomía (habrán de ser mantenidos por el Estado) y su relevancia política.

Consecuencias: los objetivos de las desamortizaciones fueron remediar el déficit crónico de la Hacienda pública, ya que el dinero de las ventas era ingresado por el Estado, y asentar la propiedad individual ampliando el número de propietarios, lo cual generaría una mayor riqueza agraria al aumentar la producción. Se estima que se sacaron a la venta unos 10 millones de hectáreas, lo que representaba el 20% del territorio español y el 40% de la tierra cultivable. La producción, efectivamente, se incrementó de forma muy notable al ponerse en cultivo nuevas tierras y mejorar algo los rendimientos de las que ya se labraban. También se amplió y se diversificó el número de propietarios. Sin embargo, no se consiguió que la mayoría de los campesinos, que carecían de recursos para acudir a las subastas, accedieran a la propiedad de las tierras. Su situación se deterioró: al perder los terrenos comunales del municipio, no les quedaría más remedio que trabajar como temporeros de los nuevos propietarios: la burguesía agraria latifundista, los caciques en suma; es lo que se ha venido a llamar la proletarización del campesinado. En definitiva, se solucionó el tema de la propiedad, pero se generó un problema social en el campo. El hambre de tierra, el paro y la pobreza generaron numerosos conflictos en todo el país; el problema permanecerá latente y sin solución aparente hasta la II República (1931-1939).

La evolución de la agricultura española en la segunda mitad del siglo XIX fue, a grandes rasgos, positiva. La producción de los frutos tradicionales, que eran también los principales artículos de exportación, se incrementó: cereales, aceite de oliva y, sobre todo, el vino, beneficiándonos de la enfermedad (la filoxera) que destruyó los viñedos de nuestro principal competidor, Francia (más tarde llegaría también a España). También se extendieron cultivos que habían tenido escasa implantación y eran fácilmente comercializados para la industria: el maíz, la patata, el arroz, la seda, el azúcar, etc. Se generalizó el empleo de fertilizantes (como el nitrato de Chile) y se extendió el regadío en el litoral mediterráneo, pero la introducción de la maquinaria aún habrá de esperar. El aumento de la producción fue motivado por el incremento de la tierra cultivable, pues los rendimientos continuaron siendo bajos y el campo aún absorbía mucha mano de obra en condiciones precarias. De hecho, aunque la agricultura ya sólo representaba a finales de siglo la tercera parte de la riqueza nacional, todavía ocupaba a más de dos tercios de la población activa.

X.3.3. ESPAÑA Y LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y DE LOS TRANSPORTES

Se ha considerado habitualmente que la Revolución Industrial, que ya se había propagado por los principales países europeos, fracasó en España en el siglo XIX, a pesar de los avances habidos. Las causas del fracaso son la debilidad de la demanda (insuficiente crecimiento demográfico y escasa capacidad adquisitiva de la mayoría de la población), la raquítica capacidad inversora de la burguesía (más aficionada a los negocios especulativos –compra de tierras, de títulos de deuda pública, etc.- que a los industriales) y la dependencia de la tecnología y de los capitales extranjeros.

La industria textil, sector considerado básico en el despegue industrial, se centró en Cataluña y se nutrió de tecnología británica. La pérdida del mercado colonial americano hizo que los productores se fijaran más en el mercado nacional, pero se necesitó de la aplicación de políticas proteccionistas que evitaran la competencia de los artículos del exterior. A mediados de siglo sufre una aguda crisis, ya que su principal materia prima, el algodón, dejó de importarse debido a la guerra civil en Estados Unidos, su mayor abastecedor, y los inversores prefirieron orientar sus capitales hacia el ferrocarril y la compra de tierras desamortizadas. Se recupera a partir de 1870 y se diversifica gracias al mayor uso de la lana como materia prima. El otro sector clave en la expansión industrial era la siderurgia, pero también hubo de lidiar con un mercado escaso y unos costes energéticos elevados. Se desarrolla en primer lugar en Andalucía, pero pronto deriva hacia Asturias y el País Vasco, regiones más ricas en materia prima (hierro) y fuentes energéticas (el carbón). Cataluña y Vizcaya, en definitiva, se consolidan como las principales áreas industriales.

La minería era importante en recursos, pero estaba deficientemente explotada por la debilidad de la demanda industrial, la falta de capitales y de tecnología. Los extranjeros se apropiarían pronto de la gestión de las minas y su producción se dedicaría sobre todo, como en cualquier país bananero, a la exportación (por ejemplo, el 85% del hierro), por lo que sus principales beneficios no se quedaron en España. La extracción de hierro se centró en la cuenca vizcaína, y aunque se hacía en función de los intereses británicos, la infraestructura instalada contribuiría a su desarrollo industrial y financiero. Los mismos actores (ingleses) y la misma política (exportar) se repitieron en las minas de cobre de Huelva (Riotinto, sobre todo). Para no ser menos, la mina de mercurio de Almadén, única en Europa occidental, también pasó a manos extranjeras. Finalmente, la minería del carbón comenzó a adquirir relevancia a finales de siglo y pronto se convirtió en la más importante.

El desarrollo de los transportes fue al ritmo de la industria y el comercio, a quienes pretendía beneficiar, es decir, lento. La tarea era monumental, ya que la situación de los transportes y de las comunicaciones en España era poco menos que calamitosa. Sin su mejora era inútil el esfuerzo industrial y el comercio interior continuaría desarticulado.

Ya en el XVIII se ideó la red radial de caminos carreteros y en torno a 1840 se inicia un nuevo impulso a las carreteras, llegándose a los 2.000 kilómetros de trazado, lo que tampoco era como para tirar cohetes. La niña bonita de la época, el símbolo del progreso, era, sin duda, el ferrocarril, y a él se destinaron los mayores esfuerzos para intentar compensar la ventaja que ya nos llevaban casi todos los países avanzados. Su desarrollo interesaba a casi todos los sectores de una economía encaminada hacia el capitalismo. Ante todo, serviría para agilizar el comercio al recortar las distancias y comunicar las distintas regiones del país, facilitaría los movimientos de la población y favorecería el desarrollo económico en múltiples facetas: la industria siderúrgica (fabricación de raíles), la construcción (túneles, puentes, estaciones), la banca (inversión de capitales), la tecnología (máquinas), la minería del carbón, etc. El capital y la tecnología extranjeros (franceses sobre todo) jugaron un papel nuevamente decisivos, pero acabaría estimulando también la inversión nacional. Los primeros tramos construidos se situaron en las zonas más industrializadas: Barcelona-Mataró (1848), Madrid-Aranjuez (1851) y Langreo-Gijón (1855). En los 10 años posteriores se tendieron 5.000 kilómetros de vías, y el desarrollo hubiera sido mayor de haber habido un tejido industrial más denso.

X.3.4. OTROS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL SIGLO XIX: LA BANCA Y EL COMERCIO

Los orígenes del moderno sistema financiero español se hallan en la creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782. Reconstituido en 1829 como Banco Nacional de San Fernando, se ocuparía de centralizar las operaciones de crédito del Estado, en especial la gestión de la deuda pública. Ya con el nombre definitivo de Banco de España desde 1856, se ocupará también de la emisión de la moneda (el real desde 1848 y la peseta desde 1868) y de controlar a la banca privada, que comenzó su andadura en las zonas más industrializadas. De hecho, los primeros bancos fueron el de Barcelona y el de Bilbao. En Madrid, por otra parte, se estableció en 1831 la Bolsa de Comercio como mercado especializado en la compraventa de valores, lo que favoreció el desarrollo de las sociedades anónimas y ayudó a canalizar las inversiones en los ferrocarriles. En cuanto a las Cajas de Ahorro, tienen su origen en los Montes de Piedad, que en principio eran entidades de carácter asistencial. Sin perder nunca su vertiente social, las cajas conocen un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo.

El comercio interior continuó siendo la gran asignatura pendiente de la economía española, a causa de la debilidad de la demanda interna y de la lentitud en construir unas redes de transporte modernas. El comercio exterior fue deficitario: las exportaciones más cuantiosas eran las de productos agrarios y, como ocurre en los países poco desarrollados, las materias primas. Sólo el fortalecimiento de la industria catalana dio alegría a las exportaciones de manufacturas a partir de los últimos lustros del siglo. Para evitar la invasión de productos extranjeros importados y mimar la industria nacional, los gobiernos hubieron de adoptar severas políticas proteccionistas.

X.3.5. LOS CAMBIOS SOCIALES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

El crecimiento demográfico español durante el siglo XIX fue considerable, pues se pasó de 11 millones de habitantes en 1800 a 18 en 1900, pero aún así fue más lento que en la mayoría de los países europeos. El periodo más fructífero fue el que se extiende desde 1833 a 1877. Las regiones que más crecieron fueron las insulares, las del litoral mediterráneo, Andalucía y Extremadura; en el norte el incremento fue moderado y en las dos Castillas y Aragón fue bajo, confirmándose la tendencia de despoblamiento del centro y repoblación de los litorales que ya apuntaba a finales del XVII. La tasa de natalidad continuó muy elevada (en torno al 35 por mil) y la mortalidad descendió hasta el 28 por mil en 1902, pero no lo suficiente como para proporcionar un mayor crecimiento, puesto que las crisis de subsistencias no desaparecieron por culpa del atraso tecnológico, los bajos rendimientos agrícolas y la ineficacia del comercio y de la red de transportes para llevar los excedentes a las zonas deficitarias. Tampoco las epidemias, como el cólera. La emigración exterior hacia América comienza a ser importante, y la interior del campo a la ciudad también se apunta ya, pero el llamado éxodo rural habrá de esperar al desarrollismo de la época del Calvillo.

La sociedad española del siglo XIX tiene su principal rasgo en las enormes desigualdades que se producían en todos los ámbitos, a causa de una injusta distribución de las fuentes de riqueza, sobre todo de la tierra. En relación con el Antiguo Régimen, desaparecieron los estamentos y los privilegios, se constituyó en cambio una sociedad de clases en la que la riqueza situaba a cada uno en su lugar, se estableció la igualdad ante la ley y se fue avanzando poco a poco en la consecución de las libertades individuales y en los derechos políticos. Pero las diferencias sociales eran enormes entre unas clases y otras. En cuanto a la relación entre población rural y urbana, ésta última no superará en número a la primera hasta 1950, cien años después, por ejemplo, que en Inglaterra. España continuó siendo durante el XIX un país eminentemente rural: el 75% aproximadamente de la población residía en los pueblos. Sólo cinco ciudades superaban los 100.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

La clase alta estaba constituida por los antiguos estamentos privilegiados: la nobleza, que mantuvo sus propiedades y se adaptó bien al régimen capitalista; el clero, que redujo sus efectivos a causa de la desamortiza­ción pero continuó ejerciendo su influencia sobre una sociedad aún muy apegada a la religión católica; y la alta burguesía, enriquecida gracias a las subastas de las tierras de la Iglesia y de los municipios, al despegue del sistema financiero y a la incipiente industria. Consolidado el régimen liberal, la burguesía deja de ser un grupo revolucionario, se hace conservadora (son los moderados) y pacta con los progresistas el mantenimiento del sistema.

Las clases medias, en el futuro llamadas a ser la mayoría de la población, pero aún no, se nutrían de los grupos urbanos: la burguesía media dedicada al comercio y las pequeñas empresas, los profesionales liberales, los burócratas, en definitiva, el llamado sector servicios. También, los obreros cualificados y, en el ámbito rural, los medianos propietarios. Entre todos ellos apenas superaban el 15% de la población total. Fueron la base social de los liberales progresistas.

Las clases bajas agrupaban a más del 70%. Obreros industriales, aunque aún en escasa cuantía, y jornaleros y pequeños propietarios de tierras eran sus componentes. Ellos llevaron la peor parte de la transición al capitalismo pleno. Con salarios muy bajos, condiciones laborales inestables, sin derecho a participar en la vida política, desprovistos de cualquier sistema de protección ante el desempleo, la enfermedad o la jubilación, no tardarán en iniciarse agitaciones campesinas (sobre todo en Andalucía y Extremadura, castigadas por el latifundismo) y obreras (en las ciudades más pobladas) que fueron poniendo en marcha el movimiento obrero español a través de sindicatos y partidos socialistas. La conflictividad social marcará la historia española desde mediados del siglo XIX hasta estallar definitivamente con la II República y la Guerra Civil en 1936.