I.E.S. Alba Plata de Fuente de Cantos

Dpto. Geografía e Historia

2º Bachillerato: HISTORIA DE ESPAÑA

Felipe Lorenzana de la Puente

 

TEMA X: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL

 

X.1. CONSTITUCIONALISMO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN EL REINADO DE ISABEL II

X.1.1. LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y DE ESPARTERO (1833-1843)

Durante el reinado de Isabel II se consolida en España el modelo político liberal, abandonándose la monarquía absoluta. El proceso no fue fácil y estuvo plagado de conflictos internos en el propio movimiento liberal. La inestabilidad política y las luchas entre moderados y progresistas caracterizaron este reinado.

Al tener la reina tan sólo dos años cuando muere su padre, Fernando VII, se inicia un periodo de regencia, sistema en el cual un regente o consejo de regencia asume los poderes en nombre de la reina.

Entre 1833 y 1840 transcurre la regencia de María Cristina, madre de Isabel II, quien hubo de afrontar dos graves problemas: por un lado, el carlismo, que reclamaba el trono para el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y que había iniciado una guerra con el apoyo de los sectores absolutistas. Y por otro lado, el liberalismo, que reclamaba la democratización del país. La regente tenía que elegir entre uno de los dos para no quedar aislada. El liberalismo estaba muy dividido entre moderados y progresistas. Los primeros querían que la transición hacia el régimen liberal se hiciera despacio y sin radicalismos, y serán éstos quienes sean llamados por la regente para formar gobierno. Con Martínez de la Rosa de presidente se aprueba el Estatuto Real de 1834, una pseudo-constitución elaborada por el gobierno, no por las Cortes, que establecía una mínima apertura liberal, una forma suave de desmontar poco a poco el Antiguo Régimen. Pero los liberales progresistas consideraban insuficiente esta apertura y presionan a la regente, quien se ve obligada a entregarles el gobierno. Con Juan Álvarez de Mendizábal de presidente asistimos a dos momentos importantes: la aprobación de una nueva Constitución en 1837, que será de carácter progresista (amplias libertades, ampliación de los poderes de las Cortes, etc.) y el inicio, al fin, de la desamortización eclesiástica.

Acabada la guerra carlista con triunfo para los isabelinos o cristinos en 1839, la regente creyó llegado el momento de dar un giro moderado a la revolución abierta en 1837, pues las reformas liberales tenían escandalizada a la España más conservadora: la iglesia, la aristocracia, la alta burguesía, los propietarios… Sin embargo, los progresistas adivinan la jugada y provocan una sublevación popular que termina poniéndole a la regente las maletas en la frontera con Francia.

El general Baldomero Espartero asume la regencia entre 1840 y 1843 con el apoyo de los liberales progresistas. Es la primera vez en la historia española que un militar llega a tan elevado cargo político. Pronto acabará por enfrentarse a todos: a los moderados, que reclamaban la reforma de la Constitución progresista del 37; a los progresistas, que no aceptaban sus métodos dictatoriales y pedían la aceleración de las reformas; y a los liberales radicales (republicanos, demócratas, etc, que aparecen ya en la vida política española, aunque aún en la clandestinidad). La conflictividad laboral en las ciudades crecía y con ella las alteraciones del orden público, que el general se encargaba de reprimir con saña, destacando, por ejemplo, el bombardeo al que sometió a Barcelona para terminar con una insurrección popular. Aislado, con medio país en pie de guerra, un militar moderado, Narváez, provocará finalmente la caída del regente y, quien se exilia en Inglaterra. Las Cortes, hartas de regentes, declaran mayor de edad a Isabelita con tan solo trece años.

X.1.2. EL REINADO DE ISABEL II: ETAPAS (1843-1868)

A- La Década Moderada (1843-1854)

La reina se identifica claramente con el sector moderado del liberalismo, a quienes entrega el gobierno, marginando a los progresistas. Una de las primeras medidas decisivas que toman los gobiernos moderados es la aprobación de una nueva constitución, la de 1845, vigente hasta 1868, la cual refuerza el poder de la Corona, limita la influencia de las Cortes y reduce las libertades de los ciudadanos. Como no hay consenso entre las distintas familias liberales, se cambia de constitución cuando cambia el signo político del gobierno y así cada uno la hacía a su gusto. Durante estos diez años largos de moderantismo, los objetivos fundamentales fueron los siguientes:

• – Potenciar el principio de autoridad y orden: supresión de las milicias populares, amplias facultades al ejército en materia de orden público y creación de un nuevo instituto armado: la Guardia Civil.
• – Se restringe el sistema electoral, sólo votan los propietarios y los llamados "capaces" (intelectuales, funcionarios, militares, abogados, etc.). La participación del pueblo se reduce al mínimo. El gobierno interviene en las elecciones y falsifica los resultados (pucherazo) con la complicidad de las autoridades locales, todo con tal de mantener a los progresistas alejados del poder.
• – Se consolida el modelo de estado centralizado. Se limitan los fueros vascos y navarros (se suprimen las aduanas con España, por ejemplo). Diputaciones y ayuntamientos pierden autonomía y quedan como meras oficinas dependientes del gobierno central.
• – Se garantizan las libertades individuales: la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, las libertades económicas, supresión de privilegios fiscales, etc. Aunque sin pasarse. Por ejemplo, había en teoría libertad de expresión, pero también una censura bastante rígida.

La Década moderada tampoco fue una época tranquila. La desamortización se detiene, aunque no se devuelve lo expropiado. La conflictividad laboral aumenta. La oposición y las Cortes quedan marginados, por lo que a los progresistas tan sólo les quedaba provocar una nueva insurrección popular para volver al poder. Entre los propios moderados también se aprecia una clara división entre los partidarios de entenderse con los progresistas y los que preferían pactar con el carlismo, queriendo casar a la reina con el pretendiente carlista (finalmente se casará con su primo Francisco de Asís de Borbón, aunque es dudoso que llegaran a consumar el matrimonio). El intervensionismo del ejército y de la reina provocó continuos cambios de gobierno: hasta 19 gabinetes, con presidente incluido, se sucedieron en esta etapa. Narváez estuvo en la presidencia en cuatro ocasiones distintas. El que más tiempo duró fue el extremeño Bravo Murillo, quien gobernó entre 1851 y 1852 y pretendió dar un giro todavía más conservador al gobierno, lo cual provocó tal reacción que, unido a diversos escándalos de corrupción, dejaron al moderantismo herido de muerte.

B- El Bienio Progresista (1854-1856)

En junio de 1854 estalla una revolución al estilo de casi todas las de este siglo: movilizaciones políticas (en este caso protagonizadas por los progresistas), pronunciamiento militar y finalmente insurrección popular. El líder era en este caso el general Leopoldo O'Donnell, quien presentó a la reina el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo). Reclamaban en él los revolucionarios que la reina se desprendiera de las camarillas de políticos que tanta influencia tenían sobre ella, que respetara la constitución, que se ampliase el derecho al voto, que se extendiesen las libertades, sobre todo la de expresión, que se restaurase la milicia y que se democratizasen los ayuntamientos. La reina decide entregar el gobierno a una coalición de moderados, progresistas y demócratas, el presidente será Espartero y O'Donnell ministro de Guerra. La revolución popular se detiene y los más progresistas pronto saldrán defraudados. Lo intentarán de nuevo en 1868.

No obstante, durante el Bienio se aceleran las reformas y se profundiza en la democratización de España. Los objetivos del Manifiesto de Manzanares se llevaron a la práctica, la desamortización conoce un impulso importante (sobre todo la de bienes municipales, llevada a cabo por el ministro de Hacienda Pascual Madoz), se liberaliza la economía, se propicia el desarrollo del ferrocarril y la industria y se favorece a la banca y al gran capital. Por supuesto, también se redacta una nueva constitución de carácter progresista, aunque no hubo tiempo para aplicarla (se llama, por eso, la non nata).

El gobierno del Bienio hubo de afrontar la primera gran oleada de conflictividad laboral de la historia: la carestía de la vida, las pésimas condiciones de trabajo de los obreros, los bajos salarios y el desempleo motivaron el descontento de las masas. Fue sonada la huelga general de Barcelona en 1855, que se considera el punto de partida del movimiento obrero español. El fracaso a la hora de entenderse con los trabajadores, más la hostilidad de la reina y de los moderados, más la reanimación de las revueltas urbanas provocan el fin de esta breve etapa: Espartero dimite y O'Donnell se hace cargo de la presidencia, tomando como primera medida la represión de los revoltosos.

C- Los últimos años del reinado de Isabel II. El proyecto de centro político

La vuelta al moderantismo con O'Donnell se hace, sin embargo, sin marginar a los progresistas. El general quiere crear un partido de centro que agrupe a las distintas familias liberales y pueda enfrentarse con más garantías al movimiento obrero y a los grupos más radicales (republicanos y demócratas). Nace, así, la Unión Liberal en 1858, que gobernará hasta 1863 en medio de un clima de estabilidad política y progreso económico: industrialización (aunque muy localizada), fomento de las obras públicas e infraestructuras del transporte, aumento de la producción agraria gracias a las desamortizaciones… El país comienza a modernizarse al fin, se acelera el crecimiento demográfico y la urbanización. En política exterior se intentan reverdecer los laureles de la etapa imperial, interviniendo el ejército en Indochina, Marruecos, México y la República Dominicana, aunque con escasos resultados positivos.

La manía de los gobiernos de turno de monopolizar el poder, falsificando los resultados electorales y cabreando a las otras opciones políticas, explican el comienzo de la crisis que acabará con esta etapa y también con el reinado de Isabelita. Tras la dimisión de O'Donnell en 1863, la descomposición política se acelera: nuevo periodo de inestabilidad, se suceden siete gobiernos en sólo cinco años, con la reina haciendo y deshaciendo a su antojo. Aumenta la represión, se recortan las libertades y, para rematar, sobreviene una grave crisis agraria y financiera en 1866. El descontento popular vuelve a llenar las calles de manifestantes. En 1868, una revolución llamada La Gloriosa acaba con la monarquía, iniciándose una nueva etapa en la historia española conocida como el Sexenio Revolucionario.

X.1.3. EL CONSTITUCIONALISMO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II

Cuatro modelos de constitución se sucedieron en los 35 años del reinado, y ninguno logró la aceptación de todos al haber sido redactados sin el consenso de los principales grupos políticos. En el siguiente cuadro exponemos las líneas principales de cada constitución:

 

	ESTATUTO REAL	CONSTITUCIÓN DE 1837	CONSTITUCIÓN DE 1845	CONSTITUCIÓN DE 1854
VIGENCIA	1834-1836	1837-1843	1845-1868	No tuvo
NATURALEZA	Muy conservador	Progresista	Moderada	Progresista
SOBERANÍA	Real	Compartida rey/nación	Compartida rey/nación	Nacional
EJECUTIVO: EL GOBIERNO	Predominante: gobierna y legisla	Fuerte. Legisla con las Cortes, puede disolverlas y vetarlas	Igual que el anterior, pero aún con más poderes	Legisla con las Cortes, pero no puede vetarlas ni disolverlas
CORTES	Bicamerales: Cáma­ra de los próceres (nobleza, elegidos por la reina) y Cámara de los procu­ra­dores (elección popular indirecta). Función consultiva.	Bicamerales: Congreso (elección popular directa) y Senado (elección indirecta y designa­ción real). Función legislativa	Bicamerales: Congreso (elección popular directa) y Senado (designación real). Función legislativa	Bicamerales: Congreso (elección popular directa) y Senado (elección indirecta y designación real). Función legislativa y de control
SUFRAGIO	Muy censitario (vota el 0'15% de la población)	Censitario: votan mayores contribu­yentes, sobre el 2%	Muy censitario: mayores contribu­yentes y "capaci­tados" (1%)	Censitario
DERECHOS INDIVIDUALES	No se recogen	Se recogen con amplitud	Se restringen	Se amplían
OTROS		Ayuntamientos democráticos		Ayuntamientos democráticos

 

X.2. LOS GRUPOS POLÍTICOS Y DE PRESIÓN. EL CARLISMO

X.2.1. LOS GRUPOS POLÍTICOS

Ya desde el Trienio (1820-23) se hace evidente la división en el seno del movimiento liberal, con dos facciones enfrentadas que protagonizan constantes disputas y alternancias en el gobierno durante el reinado de Isabel II y, en general, hasta la llegada de la II República en 1931: son los moderados o conservadores, que hoy llamaríamos la derecha, y los progresistas, la izquierda. Más adelante surgen los liberales radicales, situados a la izquierda de los progresistas. No son aún, al menos hasta mediados de siglo, partidos firmemente establecidos, con una organización permanente y disciplina interna, sino más bien grupos de opinión que se agrupan en las Cortes y cuentan con el apoyo de una parte de la prensa y de ciertos sectores sociales. Las tres formaciones, al ser liberales, comparten algunos principios, como son la defensa del constitucionalismo, la división de poderes, la igualdad social ante la ley, los derechos del individuo, o la participación del pueblo en el proceso político mediante el sufragio.

Las diferencias básicas en sus ideas las condensamos en el siguiente cuadro:

 

	MODERADOS	PROGRESISTAS	RADICALES
SOBERANÍA	Compartida rey / nación	Nacional	Nacional plena
CORONA	Refuerzan su poder, es el factor político más decisivo	Recortan sus atribuciones	Reducen su papel al de árbitro entre las institu­ciones. Algunos defien­den la República
CORTES	Legislan con el rey pero carecen de capacidad de control. Bicamerales, con el Senado elegido por el monarca	Capacidad plena para legislar y de control sobre el ejecutivo. Bicamerales, ambas cámaras por elección
SUFRAGIO	Censitario, restringido a los mayores contribu­yentes. Desprecian a las clases media y baja	Censitario, con ampliación gradual del derecho al voto	Universal masculino
DERECHOS INDIVIDUALES	Muy restringidos. Se centran en la defensa de la propiedad privada. Prima el principio de orden y autoridad. Censura para limitar la libertad de expresión	Declaración de derechos amplia, sobre todo de imprenta y asociación	Declaración de derechos amplia, sobre todo de imprenta y asociación. Piden, entre otras cosas, la extensión y gratuidad de la enseñanza primaria
RELIGIÓN	Estado confesional católico	Tolerancia	Libertad de culto
FUERZAS DE SEGURIDAD	Amplias atribuciones al ejército y a la guardia civil. Rechazan las milicias populares	Partidarios de la milicia
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y LOCAL	Subsidiarias y sometidas al gobierno central	Democráticas, con autonomía y participación activa de la ciudadanía
APOYO SOCIAL	Clases altas y medio-altas, las beneficiadas por la desamortización y la revolución industrial; nobleza y alta burguesía	Clases medias: pequeña burguesía, artesanado, funcionarios, militares medios		Clases medias y bajas. Obreros industriales. Intelectuales

 

X.2.2. EL CARLISMO

El carlismo surge a raíz del conflicto sucesorio iniciado en los últimos años del reinado de Fernando VII; su hermano Carlos no acepta que una mujer, su sobrina, pueda acceder al trono y lo reclama para sí. Sus partidarios son los defensores de mantener sin alteración el Antiguo Régimen, destacando el apoyo del clero y de la aristocracia. Territorialmente, sus seguidores se hallan principalmente en las provincias del norte, sobre todo en los territorios forales navarro y vasco, pues una de las características del carlismo es la defensa de los fueros (los liberales querían quitarlos). Ideológicamente son absolutistas, foralistas, antiliberales y católicos a rabiar. Su lema es: Dios, patria, rey.

Estos modorros provocaron tres guerras civiles a lo largo del siglo. La primera transcurre entre 1833 y 1839 y se desarrolla en la mitad norte de España, aunque con algunas incursiones y apoyos en el sur; recurren a la guerra de guerrillas ante la superioridad del ejército real; el conflicto acaba con la firma del Convenio o Abrazo de Vergara entre los generales Maroto (carlista) y Espartero (realista), por el cual el gobierno se comprometia a mantener los fueros y a integrar en el ejército a los oficiales carlistas. Pero Carlos María Isidro no renuncia a sus pretensiones de ser el rey de España. En 1844 abdica a favor de su hijo Carlos Luis (Carlos VI para esta gente), quien encabeza la segunda guerra entre 1845 y 1849, reavivándose en 1860; fue un conflicto de escasa intensidad, más bien escaramuzas, que termina con la captura del pretendiente y la renuncia que hace de sus derechos. Pasan estos derechos a su hermano Juan y de aquí a su hijo Carlos (VII), y con éste se desarrolla la tercera guerra carlista entre 1872-1876, la más grave de todas, pues concitó el apoyo al carlismo no sólo de los absolutistas sino también el de todos los que estaban escandalizados por el desarrollo del Sexenio Revolucionario; además, España estaba sin rey desde 1868 y con la proclamación de la I República en 1873 la causa carlista se fortalece.

Una vez derrotados, miles de carlistas inician el camino del exilio, al tiempo que los fueros del País Vasco y Navarra son, por fin, después de varios siglos vigentes, suprimidos. En lugar de los fueros, el gobierno central negocia con estos territorios un concierto económico donde se fija el cupo que ingresan a las arcas del Estado, todavía vigente en la actualidad. El carlismo subsistirá como opción política, creando un partido llamado Unión Católica, que incluso colaboró en algunos gobiernos conservadores en la época de Cánovas del Castillo. En la actualidad aún existe un candidato al trono y un partido político carlistas.

X.2.3. EL EJÉRCITO EN LA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XIX

El papel del ejército español en la vida política ha sido fundamental, no sólo en el siglo XIX sino también en el XX. Ello se debe a una razón fácil de entender: el ejército alcanza un gran prestigio con el éxito obtenido en la Guerra de la Independencia (1808-1813) y en la I Guerra Carlista (1833-39); se muestra ante la población como una institución fuerte, poderosa, jerarquizada, disciplinada, autoritaria, y además y sobre todo, armada, en contraste con unos grupos o partidos políticos débiles, desorganizados, enredados en luchas fraticidas e incapaces muchas veces de imponer el orden en el país. El ejército interviene constantemente en la vida española: en las guerras exteriores, en los conflictos interiores, pone y depone gobiernos, los preside con frecuencia, establece el orden de las calles, actúa como árbitro entre las facciones políticas y realiza pronunciamientos que sirven para derribar o reponer regímenes políticos.

Los militares más destacados en la época de Isabel II fueron Espartero, Narváez y O'Donnell, todos los cuales llegaron a presidir el gobierno. En el Sexenio Revolucionario el papel de los militares fue decisivo tanto en su inicio (un pronunciamiento militar acabó con Isabel II) como en su final (el golpe de estado del general Pavía terminó con la experiencia republicana, y el pronunciamiento militar de Martínez Campos restauró la corona en las sienes de Alfonso XII) y también en su desarrollo, alcanzando un gran protagonismo los generales Serrano ("el general bonito", según la reina depuesta), Prim y Topete.

En el periodo de la Restauración (1874-1923), la participación de los oficiales en los gobiernos fue menor, pero el ejército se configuró como el mayor de los poderes fácticos, con capacidad de intervenir en el momento en que lo estimase oportuno. Observamos una clara evolución: si en el XIX teníamos un ejército esencialmente liberal (recordemos al coronel Riego), en el XX se muestra como una institución conservadora, cuando no fascista. Sirva como ejemplo el hecho de que las dos dictaduras habidas en el siglo pasado fueron encabezadas por militares: Miguel Primo de Rivera (1923-29) y Francisco Franco, calvillo (1939-1975).

 

X.3. LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. LA DESAMORTIZACIÓN

X.3.1. LA AGRICULTURA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA ANTES DE LA REFORMA LIBERAL

Ya sabemos que la agricultura era la principal fuente de riqueza del país durante el Antiguo Régimen y hasta bien entrado el siglo XIX. Tras la crisis del XVII, la producción agraria creció al compás que lo hizo el incremento demográfico en el siglo XVIII, pero no lo suficiente, debido a estas limitaciones:

• 1- Técnicas agrarias rudimentarias, que apenas habían avanzado desde la Edad Media, y escasa formación del campesinado.
• 2- Preferencia dada a la ganadería a la hora de aprovechar las tierras.
• 3- Escasas inversiones que se hacían para mejorar la productividad. El objetivo era obtener la renta boba con unos costes mínimos de producción.
• 4- Concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, que además no la trabajan directamente, confiando su labor en jornaleros mal remunerados y nada incentivados para mejorar la producción.
• 5- Régimen de propiedad con dominio de las tierras vinculadas a las familias poderosas (mayorazgos), el estamento eclesiástico (mano muerta) y a los ayuntamientos (propios, comunes y ejidos). Las propiedades vinculadas o amortizadas no estaban bien explotadas por lo dicho anteriormente. La propiedad privada libre tenía un peso mucho menor; en ella se obtenían mejores rendimientos, pero no podía aumentar porque la legislación prohibía la venta de las tierras vinculadas.

Los gobiernos ilustrados intentaron poner remedio a esta situación y propiciar un crecimiento de la producción agraria. De esta forma, se dictaron leyes que limitaban la creación de mayorazgos, se inició una tímida desamortización de las tierras de la Iglesia y de las propiedades municipales que no se explotaban (baldíos), y se atajaron los abusos de la Mesta. Pero la Reforma Agraria tuvo un alcance muy limitado, pues no se atrevieron a profundizar en estas medidas, apenas se tocaron los intereses de los privilegiados y el miedo a que se desatara una revolución como la francesa de 1789 paralizó la Reforma a finales del siglo XVIII.

Las experiencias liberales anteriores al reinado de Isabel II retomaron la cuestión de la reforma agraria. Tanto las Cortes de Cádiz (1810-1813) como el Trienio Liberal (1820-1823) abolieron el régimen señorial, desvincularon la propiedad nobiliaria, diseñaron el reparto de los bienes de propios y comunales e iniciaron la desamortización de las tierras de la Iglesia, pero no resolvieron el acceso del campesinado a la propiedad y, de todas formas, las reacciones absolutistas en 1814 y 1823 truncaron las reformas. La cuestión agraria y su problemática fue heredada en toda su extensión por los gobiernos liberales a partir de 1833.

X.3.2. LA REFORMA AGRARIA LIBERAL Y LAS DESAMORTIZACIONES

La transición al capitalismo se inició en España con la reforma agraria liberal, cuyo propósito esencial era la potenciación de la producción de alimentos, tan necesaria en un país que experimentaba un crecimiento demográfico continuo. La vía de solución intentará establecer un compromiso entre los poseedores de la tierra en el Antiguo Régimen (la aristocracia) y los nuevos detentadores del poder (la burguesía). A los primeros se les respetarán sus propiedades, y los segundos serán quienes se aprovechen de la desamortización.

Los procedimientos seguidos para llevar a cabo la reforma fueron dos: la abolición definitiva del régimen señorial y las desamortizaciones. Con el fin de los señoríos desapareció la jurisdicción de sus titulares sobre multitud de poblaciones de toda España, que pasaron a ser gobernadas directamente por el Estado. Pero la propiedad de las tierras sujetas al señorío fue entregada a sus señores en calidad de bienes libres privados, siendo desoídas las reclamaciones del campesinado, que las había trabajado durante siglos. Los mayorazgos también desaparecieron y sus bienes se consideraron propiedad particular de sus titulares. La nobleza, pues, perdió el privilegio de la vinculación y los derechos señoriales, pero no la propiedad de la tierra.

La desamortización es un acto jurídico por el que los bienes vinculados o amortizados, aquellos que por estar en manos de instituciones (la Iglesia, los municipios) no podían ser enajenados (vendidos), pasan a ser considerados libres, de propiedad particular, y a continuación confiscados por el Estado (bienes nacionales) y puestos a la venta en pública subasta y adjudicados al mejor postor. Durante el reinado de Isabel II se desarrollaron dos grandes procesos desamortizadores:

• a- La Desamortización eclesiástica de Mendizábal: El gobierno progresista de Juan Álvarez de Mendizábal expide, a lo largo de 1836 y 1837, un decreto y una ley por los que nacionaliza (apropiación por el Estado) los bienes del clero regular (las órdenes religiosas), regulando su tasación, subasta y venta a particulares. La finalidad era reducir la deuda del Estado, pagar los gastos de la guerra contra los carlistas y favorecer la producción agraria al pasar los bienes de la mano muerta, que generaba escasos beneficios, a propietarios particulares que las explotarían con mejor criterio. Mendizábal abolió igualmente una lacra llamada Honrado Concejo de la Mesta. Las tierras expropiadas se vendieron a precios no muy elevados y podían ser pagadas al Estado en efectivo o en cómodos plazos durante quince años. La regencia de Espartero amplió en 1841 la desamortización a los bienes del clero secular (iglesias, parroquias, catedrales), comprometiéndose el Estado a mantener a los curas para garantizar la continua­ción del culto católico. El gobierno moderado instaurado en 1843 suspenderá el proceso, pero no devolvió a la Iglesia los bienes que ya habían sido vendidos.
• b- La Desamortización civil de Madoz: El ministro de Hacienda del Bienio Progresista, Pascual Madoz, impulsó la ley que en 1855 completó la desamortización eclesiástica y sacó a la venta pública todos los bienes rústicos y urbanos pertenecientes a los propios y comunes de los municipios. Desde la Edad Media, los propios habían sido alquilados por los ayuntamientos para costear los servicios públicos, y los comunes (prados, dehesas, bosques…) se repartían entre los vecinos o eran disfrutados de forma gratuita por la comunidad. Desde ahora serán propiedad privada de sus compradores. Como antes había ocurrido con la Iglesia, los municipios perderán sus recursos; con su patrimonio pierden también definitivamente su autonomía (habrán de ser mantenidos por el Estado) y su relevancia política.

Consecuencias: los objetivos de las desamortizaciones fueron remediar el déficit crónico de la Hacienda pública, ya que el dinero de las ventas era ingresado por el Estado, y asentar la propiedad individual ampliando el número de propietarios, lo cual generaría una mayor riqueza agraria al aumentar la producción. Se estima que se sacaron a la venta unos 10 millones de hectáreas, lo que representaba el 20% del territorio español y el 40% de la tierra cultivable. La producción, efectivamente, se incrementó de forma muy notable al ponerse en cultivo nuevas tierras y mejorar algo los rendimientos de las que ya se labraban. También se amplió y se diversificó el número de propietarios. Sin embargo, no se consiguió que la mayoría de los campesinos, que carecían de recursos para acudir a las subastas, accedieran a la propiedad de las tierras. Su situación se deterioró: al perder los terrenos comunales del municipio, no les quedaría más remedio que trabajar como temporeros de los nuevos propietarios: la burguesía agraria latifundista, los caciques en suma; es lo que se ha venido a llamar la proletarización del campesinado. En definitiva, se solucionó el tema de la propiedad, pero se generó un problema social en el campo. El hambre de tierra, el paro y la pobreza generaron numerosos conflictos en todo el país; el problema permanecerá latente y sin solución aparente hasta la II República (1931-1939).

La evolución de la agricultura española en la segunda mitad del siglo XIX fue, a grandes rasgos, positiva. La producción de los frutos tradicionales, que eran también los principales artículos de exportación, se incrementó: cereales, aceite de oliva y, sobre todo, el vino, beneficiándonos de la enfermedad (la filoxera) que destruyó los viñedos de nuestro principal competidor, Francia (más tarde llegaría también a España). También se extendieron cultivos que habían tenido escasa implantación y eran fácilmente comercializados para la industria: el maíz, la patata, el arroz, la seda, el azúcar, etc. Se generalizó el empleo de fertilizantes (como el nitrato de Chile) y se extendió el regadío en el litoral mediterráneo, pero la introducción de la maquinaria aún habrá de esperar. El aumento de la producción fue motivado por el incremento de la tierra cultivable, pues los rendimientos continuaron siendo bajos y el campo aún absorbía mucha mano de obra en condiciones precarias. De hecho, aunque la agricultura ya sólo representaba a finales de siglo la tercera parte de la riqueza nacional, todavía ocupaba a más de dos tercios de la población activa.

X.3.3. ESPAÑA Y LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y DE LOS TRANSPORTES

Se ha considerado habitualmente que la Revolución Industrial, que ya se había propagado por los principales países europeos, fracasó en España en el siglo XIX, a pesar de los avances habidos. Las causas del fracaso son la debilidad de la demanda (insuficiente crecimiento demográfico y escasa capacidad adquisitiva de la mayoría de la población), la raquítica capacidad inversora de la burguesía (más aficionada a los negocios especulativos -compra de tierras, de títulos de deuda pública, etc.- que a los industriales) y la dependencia de la tecnología y de los capitales extranjeros.

La industria textil, sector considerado básico en el despegue industrial, se centró en Cataluña y se nutrió de tecnología británica. La pérdida del mercado colonial americano hizo que los productores se fijaran más en el mercado nacional, pero se necesitó de la aplicación de políticas proteccionistas que evitaran la competencia de los artículos del exterior. A mediados de siglo sufre una aguda crisis, ya que su principal materia prima, el algodón, dejó de importarse debido a la guerra civil en Estados Unidos, su mayor abastecedor, y los inversores prefirieron orientar sus capitales hacia el ferrocarril y la compra de tierras desamortizadas. Se recupera a partir de 1870 y se diversifica gracias al mayor uso de la lana como materia prima. El otro sector clave en la expansión industrial era la siderurgia, pero también hubo de lidiar con un mercado escaso y unos costes energéticos elevados. Se desarrolla en primer lugar en Andalucía, pero pronto deriva hacia Asturias y el País Vasco, regiones más ricas en materia prima (hierro) y fuentes energéticas (el carbón). Cataluña y Vizcaya, en definitiva, se consolidan como las principales áreas industriales.

La minería era importante en recursos, pero estaba deficientemente explotada por la debilidad de la demanda industrial, la falta de capitales y de tecnología. Los extranjeros se apropiarían pronto de la gestión de las minas y su producción se dedicaría sobre todo, como en cualquier país bananero, a la exportación (por ejemplo, el 85% del hierro), por lo que sus principales beneficios no se quedaron en España. La extracción de hierro se centró en la cuenca vizcaína, y aunque se hacía en función de los intereses británicos, la infraestructura instalada contribuiría a su desarrollo industrial y financiero. Los mismos actores (ingleses) y la misma política (exportar) se repitieron en las minas de cobre de Huelva (Riotinto, sobre todo). Para no ser menos, la mina de mercurio de Almadén, única en Europa occidental, también pasó a manos extranjeras. Finalmente, la minería del carbón comenzó a adquirir relevancia a finales de siglo y pronto se convirtió en la más importante.

El desarrollo de los transportes fue al ritmo de la industria y el comercio, a quienes pretendía beneficiar, es decir, lento. La tarea era monumental, ya que la situación de los transportes y de las comunicaciones en España era poco menos que calamitosa. Sin su mejora era inútil el esfuerzo industrial y el comercio interior continuaría desarticulado.

Ya en el XVIII se ideó la red radial de caminos carreteros y en torno a 1840 se inicia un nuevo impulso a las carreteras, llegándose a los 2.000 kilómetros de trazado, lo que tampoco era como para tirar cohetes. La niña bonita de la época, el símbolo del progreso, era, sin duda, el ferrocarril, y a él se destinaron los mayores esfuerzos para intentar compensar la ventaja que ya nos llevaban casi todos los países avanzados. Su desarrollo interesaba a casi todos los sectores de una economía encaminada hacia el capitalismo. Ante todo, serviría para agilizar el comercio al recortar las distancias y comunicar las distintas regiones del país, facilitaría los movimientos de la población y favorecería el desarrollo económico en múltiples facetas: la industria siderúrgica (fabricación de raíles), la construcción (túneles, puentes, estaciones), la banca (inversión de capitales), la tecnología (máquinas), la minería del carbón, etc. El capital y la tecnología extranjeros (franceses sobre todo) jugaron un papel nuevamente decisivos, pero acabaría estimulando también la inversión nacional. Los primeros tramos construidos se situaron en las zonas más industrializadas: Barcelona-Mataró (1848), Madrid-Aranjuez (1851) y Langreo-Gijón (1855). En los 10 años posteriores se tendieron 5.000 kilómetros de vías, y el desarrollo hubiera sido mayor de haber habido un tejido industrial más denso.

X.3.4. OTROS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL SIGLO XIX: LA BANCA Y EL COMERCIO

Los orígenes del moderno sistema financiero español se hallan en la creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782. Reconstituido en 1829 como Banco Nacional de San Fernando, se ocuparía de centralizar las operaciones de crédito del Estado, en especial la gestión de la deuda pública. Ya con el nombre definitivo de Banco de España desde 1856, se ocupará también de la emisión de la moneda (el real desde 1848 y la peseta desde 1868) y de controlar a la banca privada, que comenzó su andadura en las zonas más industrializadas. De hecho, los primeros bancos fueron el de Barcelona y el de Bilbao. En Madrid, por otra parte, se estableció en 1831 la Bolsa de Comercio como mercado especializado en la compraventa de valores, lo que favoreció el desarrollo de las sociedades anónimas y ayudó a canalizar las inversiones en los ferrocarriles. En cuanto a las Cajas de Ahorro, tienen su origen en los Montes de Piedad, que en principio eran entidades de carácter asistencial. Sin perder nunca su vertiente social, las cajas conocen un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo.

El comercio interior continuó siendo la gran asignatura pendiente de la economía española, a causa de la debilidad de la demanda interna y de la lentitud en construir unas redes de transporte modernas. El comercio exterior fue deficitario: las exportaciones más cuantiosas eran las de productos agrarios y, como ocurre en los países poco desarrollados, las materias primas. Sólo el fortalecimiento de la industria catalana dio alegría a las exportaciones de manufacturas a partir de los últimos lustros del siglo. Para evitar la invasión de productos extranjeros importados y mimar la industria nacional, los gobiernos hubieron de adoptar severas políticas proteccionistas.

X.3.5. LOS CAMBIOS SOCIALES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

El crecimiento demográfico español durante el siglo XIX fue considerable, pues se pasó de 11 millones de habitantes en 1800 a 18 en 1900, pero aún así fue más lento que en la mayoría de los países europeos. El periodo más fructífero fue el que se extiende desde 1833 a 1877. Las regiones que más crecieron fueron las insulares, las del litoral mediterráneo, Andalucía y Extremadura; en el norte el incremento fue moderado y en las dos Castillas y Aragón fue bajo, confirmándose la tendencia de despoblamiento del centro y repoblación de los litorales que ya apuntaba a finales del XVII. La tasa de natalidad continuó muy elevada (en torno al 35 por mil) y la mortalidad descendió hasta el 28 por mil en 1902, pero no lo suficiente como para proporcionar un mayor crecimiento, puesto que las crisis de subsistencias no desaparecieron por culpa del atraso tecnológico, los bajos rendimientos agrícolas y la ineficacia del comercio y de la red de transportes para llevar los excedentes a las zonas deficitarias. Tampoco las epidemias, como el cólera. La emigración exterior hacia América comienza a ser importante, y la interior del campo a la ciudad también se apunta ya, pero el llamado éxodo rural habrá de esperar al desarrollismo de la época del Calvillo.

La sociedad española del siglo XIX tiene su principal rasgo en las enormes desigualdades que se producían en todos los ámbitos, a causa de una injusta distribución de las fuentes de riqueza, sobre todo de la tierra. En relación con el Antiguo Régimen, desaparecieron los estamentos y los privilegios, se constituyó en cambio una sociedad de clases en la que la riqueza situaba a cada uno en su lugar, se estableció la igualdad ante la ley y se fue avanzando poco a poco en la consecución de las libertades individuales y en los derechos políticos. Pero las diferencias sociales eran enormes entre unas clases y otras. En cuanto a la relación entre población rural y urbana, ésta última no superará en número a la primera hasta 1950, cien años después, por ejemplo, que en Inglaterra. España continuó siendo durante el XIX un país eminentemente rural: el 75% aproximadamente de la población residía en los pueblos. Sólo cinco ciudades superaban los 100.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

La clase alta estaba constituida por los antiguos estamentos privilegiados: la nobleza, que mantuvo sus propiedades y se adaptó bien al régimen capitalista; el clero, que redujo sus efectivos a causa de la desamortiza­ción pero continuó ejerciendo su influencia sobre una sociedad aún muy apegada a la religión católica; y la alta burguesía, enriquecida gracias a las subastas de las tierras de la Iglesia y de los municipios, al despegue del sistema financiero y a la incipiente industria. Consolidado el régimen liberal, la burguesía deja de ser un grupo revolucionario, se hace conservadora (son los moderados) y pacta con los progresistas el mantenimiento del sistema.

Las clases medias, en el futuro llamadas a ser la mayoría de la población, pero aún no, se nutrían de los grupos urbanos: la burguesía media dedicada al comercio y las pequeñas empresas, los profesionales liberales, los burócratas, en definitiva, el llamado sector servicios. También, los obreros cualificados y, en el ámbito rural, los medianos propietarios. Entre todos ellos apenas superaban el 15% de la población total. Fueron la base social de los liberales progresistas.

Las clases bajas agrupaban a más del 70%. Obreros industriales, aunque aún en escasa cuantía, y jornaleros y pequeños propietarios de tierras eran sus componentes. Ellos llevaron la peor parte de la transición al capitalismo pleno. Con salarios muy bajos, condiciones laborales inestables, sin derecho a participar en la vida política, desprovistos de cualquier sistema de protección ante el desempleo, la enfermedad o la jubilación, no tardarán en iniciarse agitaciones campesinas (sobre todo en Andalucía y Extremadura, castigadas por el latifundismo) y obreras (en las ciudades más pobladas) que fueron poniendo en marcha el movimiento obrero español a través de sindicatos y partidos socialistas. La conflictividad social marcará la historia española desde mediados del siglo XIX hasta estallar definitivamente con la II República y la Guerra Civil en 1936.