Profesor: Felipe Lorenzana de la Puente.

TEMA VIII: EL SIGLO XVIII

El siglo XVIII es la etapa final del período histórico conocido como el Antiguo Régimen, aquel que se sitúa entre la Edad Media y el período constitucional que se inaugura en 1812. España afronta este siglo en condiciones muy distintas a los anteriores: ha liquidado su imperio europeo y se halla necesitada de un cambio de orientación tras la profunda depresión económica y social que padeció en el siglo XVII.

vIII.1. el CAMBIO DINÁSTICO Y LAS REFORMAS POLÍTICAS Y TERRITORIALES

VIiI.1.1. LA NUEVA DINASTÍA BORBÓNICA

La muerte de Carlos II en 1700 sin dejar hijos dejaba abierta la sucesión de la monarquía española a dos sobrinos suyos: el archiduque Carlos de Habsburgo, nieto del emperador de Austria, y Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV, el Rey Sol. El primero ofrecía la ventaja de no romper la línea dinástica de la Casa de Austria, a la que habían pertenecido todos los reyes españoles desde Felipe I el Hermoso (1505). El segundo permitiría establecer una alianza sólida con el país que representaba la mayor amenaza para la integridad del imperio español: Francia. Carlos II, en su testamento, se decidió (o así lo decidieron sus consejeros) por Felipe, quien se convirtió en el primer rey de la casa española de Borbón.

Los reinados que hubo entre 1701 y 1808 fueron los siguientes:

Felipe V: 1701-1724, fecha en que abdicó, y de nuevo entre 1724-1746 al suceder a su propio hijo.

Luis I: 1724, hijo del anterior, quien murió a los pocos meses de acceder al trono sin dejar herederos.

Fernando VI: 1746-1759, hijo también de Felipe V, quien muere sin hijos.

Carlos III: 1760-1788, hermano del anterior, quien ya era rey de Nápoles cuando viene a España.

Carlos IV: 1788-1808, su hijo, quien abdicó en favor de Fernando VII.

Téngase en cuenta que el único monarca con capacidad plena de gobierno durante todo su reinado fue Carlos III. Tanto Felipe V como Fernando VI murieron locos, y Carlos IV era medio tonto. A pesar de ello, este país logró sobrevivir, por lo que habrá que reconocer el mérito de los ministros, de las instituciones y del pueblo español, y relativizar la importancia que han tenido los reyes en su historia.

VIII.1.2. LA GUERRA DE SUCESIÓN Y EL TRATADO DE UTRECH

La llegada al trono de Felipe V causó una profunda división entre los españoles y entre las potencias europeas. Para quienes se oponían a él y apoyaban al archiduque Carlos, el candidato rechazado, su reinado era ilegítimo porque se había roto la línea lógica de sucesión de la Casa de Austria y porque el cambio dinástico no había sido decidido libremente por las Cortes. Se desata, de esta forma, una guerra civil (entre españoles) y al mismo tiempo una guerra internacional en la que participaron las principales potencias: es la llamada Guerra de Sucesión, que se extiende entre 1702 y 1714. Francia acudió, lógicamente, en apoyo de Felipe, y Austria en el de Carlos. Inglaterra -secular enemiga de Francia y España-, Portugal y Saboya secundaron a Austria. Estos países temían, además, que se pudieran unir las coronas de Francia y España formando así una potencia hegemónica.

En el interior de España, Castilla apoyó mayoritariamente al Borbón porque estaba deseosa de un cambio radical, encontrando en el francés el hombre ideal para propiciar un desarrollo económico similar al de Francia; pero los países de la Corona de Aragón, que ya habían iniciado cierta recuperación económica a finales del siglo XVII, temían perder sus fueros si reinaba el representante de la familia que encarnaba el absolutismo y el centralismo en Europa, los Borbones, por lo que decidieron apoyar al archiduque Carlos, quien se apresuró a prometer la conservación de sus fueros si finalmente se convertía en rey de España.

La guerra fue favorable en términos generales al archiduque hasta 1707, pero la decisiva batalla de Almansa y la caída de Valencia y Aragón comenzaron a decantar las armas hacia Felipe. Poco después, Carlos fue llamado a ocupar el trono imperial de Austria y perdió interés, como también sus partidarios, por la causa española. La victoria final fue para Felipe, pero el precio que hubo de pagar por la paz fue elevado: el Tratado de Utrech (1713) supuso la cesión a Inglaterra de Terranova (en Norteamérica), Gibraltar, Menorca (que se recuperaría a finales de siglo), la exclusividad del comercio de negros y la posibilidad de comerciar con la América española. Austria se quedaba con Flandes y la mayoría de los territorios italianos de España. Los catalanes siguieron luchando contra Felipe V hasta su derrota definitiva en 1714.

VIII.1.3. LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA Y LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS

Los decretos de Nueva Planta suprimieron los fueros de los reinos aragoneses, pero sólo fueron una parte del amplio programa de reformas políticas que los Borbones se propusieron aplicar en España. El nuevo estado del siglo XVIII tiene las siguientes características:

a- Absolutismo: Los Borbones tuvieron muchas menos trabas para gobernar que los monarcas anteriores. Del modelo de monarquía autoritaria (Castilla) y pactista (Aragón) habido durante la etapa de los Austrias pasamos ahora al modelo de monarquía absoluta en todo el país, en la que todos los poderes se concentran en el rey, se ignoran las Cortes y se recorta la autonomía de los municipios.

b- Centralismo: se pretendía acabar con las diferencias jurisdiccionales entre los reinos españoles, así como establecer un control político más rígido en todas las provincias y municipios. Felipe V sólo respetó los fueros de Navarra, que pudo conservar sus instituciones propias y otras peculiaridades. Suprimió por los Decretos de Nueva Planta los fueros de los reinos de la Corona de Aragón, en parte por represalia al haber éstos apoyado al archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, y en parte por la necesidad de reestructurar el Estado para que todos los reinos españoles tuvieran las mismas leyes e instituciones. Felipe V consiguió, pues, llevar a efecto casi un siglo después el proyecto de Unión de Armas del conde-duque de Olivares y acabar con la España plural o federada, herencia de los Reyes Católicos. Los decretos se expidieron en 1707 (Aragón y Valencia) y 1714 (Cataluña y Mallorca). A la supresión de sus fueros le siguió la creación de nuevas instituciones:

1- Los capitanes generales sustituyen a los virreyes y se convierten en la mayor autoridad de cada reino.

2- Se creó en cada reino una Audiencia, cuyas misiones serían la de administrar la justicia, servir de consejo a los capitanes generales (quienes eran sus presidentes) y controlar a los ayuntamientos.

3- Los ayuntamientos se ajustaron al modelo castellano; los más importantes tendrían corregidor (de rango militar), alcalde mayor (abogado) y regidores vitalicios.

4- Se suprimieron las Cortes y sus diputaciones (Generalitat en Valencia y Cataluña). Algunas ciudades obtuvieron el derecho de enviar procuradores a las Cortes de Castilla en las pocas (y casi inútiles) ocasiones en las que éstas se reunieron.

c- Modernización de la administración: Se pretendía agilizar la gestión administrativa, paralizada por una burocracia ineficaz, y combatir la corrupción. Se privilegiaron los órganos unipersonales sobre los colegiados y se reforzó aún más el control que ejercían el rey y sus ministros en todos los ámbitos. El gobierno central se reformó, de manera que los Consejos (gobierno polisinodial) perdieron importancia en beneficio de los Secretarios de Estado y del Despacho. Éstos vigilaban y coordinaban la labor de los consejos, y estaban siempre en contacto directo con el monarca. Son el antecedente de los actuales ministros.

En cuanto a la administración territorial, se aplicaron las siguientes actuaciones:

1- Creación de los intendentes, jefes políticos de cada provincia. Sus misiones eran administrar la Hacienda, impulsar las iniciativas para el desarrollo económico y coordinar la labor de los corregidores.

2- Ampliación del número de Audiencias. Eran tribunales superiores de justicia y una especie de delegación del gobierno en cada provincia. En 1791 se creó en Cáceres la Real Audiencia de Extremadura.

3- Reforzamiento de los capitanes generales. En las provincias donde existía un importante destacamento militar (como Extremadura), su presencia era aún más notoria, interfiriendo continuamente en la política y chocando a menudo con los intendentes y los corregidores.

4- Se amplía el número de corregidores y sus competencias, en perjuicio de los regidores. El ayuntamiento ve recortados sus poderes y entra en una larga decadencia de la que nunca volverá a recuperarse. Ya casi nadie quería ser regidor, pues su poder era muy limitado y estaba siempre sometido a un control asfixiante. En la segunda mitad del siglo se intentó revitalizar y popularizar los ayuntamientos con la creación de un Síndico Personero y varios Diputados del Común (de 2 a 4 por municipio), elegidos anualmente por el pueblo. Su misión era servir de portavoz popular en los plenos, una especie de defensores del pueblo.

d- Regalismo: se conoce como tal toda actuación política encaminada a fortalecer al Estado a costa de la Iglesia. Se pretendía consumar una clara separación entre la Iglesia y el Estado, haciendo a éste independiente de la política del Vaticano, así como combatir el excesivo poder que tenía el clero en la economía, la sociedad y la educación. De esta forma, se hizo lo siguiente:

1- Instauración del plácet, o Regium exequatur: los reyes se reservaban el derecho de autorizar la aplicación de las bulas y órdenes del papa en España.

2- Instauración del recurso de fuerza: derecho a apelar a los tribunales reales las sentencias de los eclesiásticos.

3- Aprobación de decretos que impedían el incremento patrimonial (adquisición de bienes inmuebles) de las manos muertas. A finales de siglo, incluso, se comenzó a desamortizar ciertos bienes eclesiásticos.

4- Expulsión en 1766 del grupo de presión más importante de la Iglesia católica en España, el que ejercía el monopolio de la enseñanza: los jesuitas.

VIII.1.4. CARLOS IV, GODOY Y LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

A pesar del amplio programa de reformas llevadas a cabo, lo cierto es que España, como otros muchos países europeos, daba síntomas de decrepitud a finales del siglo. Carlos IV volvió a recuperar la figura del valido en la persona del extremeño Manuel Godoy, y ambos hubieron de afrontar un periodo crítico caracterizado por la crisis económica, las derrotas en los conflictos bélicos y la incapacidad del Estado para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, que pedía menos corrupción, más eficacia y más libertad. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 vino a complicar las cosas. España cerró las fronteras a la propaganda revolucionaria e intentó ignorar un movimiento que se proponía desmontar una a una todas las estructuras del Antiguo Régimen: los estamentos sociales, la propiedad amortizada, la monarquía, el absolutismo…

Godoy aplicó tímidas reformas que afectaron a los intereses del clero y de la nobleza, pero fueron insuficientes y sólo sirvieron para incrementar la lista de sus enemigos, entre los que se encontraban no sólo los privilegiados, sino también los intelectuales (parte de los cuales simpatizaban con la Revolución Francesa), el príncipe Fernando y el pueblo, cuyo malestar por la falta de alimentos y el despotismo se tradujo en variados motines urbanos. En este contexto de crisis se produjo en marzo de 1808 el motín de Aranjuez, que provocó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Las circunstancias fueron aprovechadas por Napoleón para invadir España en mayo de este mismo año, iniciándose la Guerra de la Independencia.

VIII.2. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO. LOS GRUPOS SOCIALES.

VIII.2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL SIGLO XVIII.

El pensamiento económico imperante en este siglo establecía que la fortaleza de un país se medía por su capacidad productiva y por su número de habitantes. Todos los gobiernos europeos iniciaron una política de fomento de la población, que en España se concretó en el afán por repoblar áreas desertizadas (como Sierra Morena) y fundar nuevas poblaciones en zonas de interés agrario y comercial. El número de habitantes se incrementó en 3 millones a lo largo del siglo, superándose los 10 millones de almas al finalizar el mismo. Ello fue posible por el mantenimiento de unas tasas de natalidad muy elevadas (típico en un país que continuaba siendo eminentemente rural, donde era necesaria la mano de obra) y el descenso de la mortalidad catastrófica (menos epidemias, hambrunas y guerras), de la mortalidad infantil y de la emigración a América. Se inicia así el tránsito del ciclo demográfico antiguo al moderno. El aumento demográfico, no obstante, fue más notable en las zonas periféricas, confirmándose la tendencia iniciada ya en el siglo anterior.

VIII.2.2. LOS GRUPOS SOCIALES.

La política de reformas inició la lenta transformación de la estructura de la sociedad española, que se encaminaba hacia una sociedad de clases, donde el dinero establecía a cada uno en el escalafón correspondiente. La nobleza y el clero siguieron siendo los grupos dominantes puesto que disponían de la propiedad del bien más preciado, la tierra, pero ahora se sienten amenazados por los cambios y se convierten en defensores a ultranza del orden tradicional. La iglesia se sentía amenazada por el regalismo y la nobleza veía cómo se recortaban poco a poco sus privilegios: apenas quedaba rastro de su antigua exención fiscal, se limitó la constitución de nuevos mayorazgos, ya no tenían empleo seguro como funcionarios del Estado, etc… pero fue aún más importante la nueva concepción que la gente tenía de la nobleza: ya no bastaba la posesión de un título (accesible a cualquiera que tuviera dinero), sino que el ser noble había que demostrarlo mediante las virtudes personales y el servicio al Estado. También perdió vigencia la teoría de que el trabajo era incompatible con la nobleza, de forma que la mejor demostración de la condición noble acabaría por ser, simplemente, el tener dinero.

El campesinado, con mayoría de jornaleros sin muchos recursos, apenas sufrió transformaciones, aunque los que habían podido conseguir algunos ahorros accedieron a algunas de las propiedades desamortizadas. La reforma agraria llevada a cabo por los gobiernos de Carlos III y Carlos IV no introdujo cambios radicales en el régimen de propiedad, aunque sí propició el cultivo de nuevas extensiones, con lo que los puestos de trabajo se incrementaron.

Las clases urbanas eran más activas, sobre todo la burguesía, que resurge tímidamente tras la profunda depresión del siglo XVII. Las ciudades con mayor concentración burguesa eran los grandes centros mercantiles de Barcelona, Cádiz (quien sustituyó a Sevilla como puerto con América), Santander, Bilbao o La Coruña, con lo que se completa el cambio de tendencia iniciado en el siglo XVII: el centro del país, Castilla, antaño el área más dinámica, pierde posiciones con respecto a la periferia. En cuanto al artesanado, su profesión se dignifica al reconocerse la honorabilidad de los trabajos manuales y los gremios pierden la fuerza que antes tenían.

Los sectores marginados (pobres y gitanos, puesto que ya no quedaban otras minorías étnicas) no gozaron ahora de mayores ventajas que antes, y en lugar de ser integrados en la sociedad mediante políticas de asimilación, se decidió por la solución más fácil: la represión. Los gitanos, en especial, no encajaban en la filosofía de los ilustrados, con su nomadismo y sus costumbres diferentes. Diversas normativas reales se encaminaron a prohibir su habla, sus trajes y sus bailes, al tiempo que se les obligaba a fijar su residencia y tener oficio conocido. Se culminaba de esta manera una persecución secular contra el pueblo gitano, que condujo a miles de ellos a las galeras, al destierro y a la marginación social.

VIII.2.3. LA ECONOMÍA

a- La política de fomento: el siglo XVIII es la época del mercantilismo en Europa, teoría económica que defiende que la riqueza de un país se basa en la cantidad de productos que es capaz de comercializar, lo cual implicaba por necesidad el incremento de la producción. Por parte del Estado se fomentó la mejora y la modernización de la producción de los distintos sectores económicos mediante una serie de medidas y la creación de ciertas instituciones:

1- Impulso de una reforma agraria que fuera capaz de extender la superficie cultivable y garantizar un reparto más justo de la propiedad de la tierra.

2- Creación de empresas estatales de manufacturas que fomentasen el desarrollo industrial.

3- Se mantuvo la Junta General de Comercio, creada por Carlos II. Se crearon los Consulados de Comercio, instituciones que agrupaban en las ciudades donde existieron a los sectores burgueses, a través de las cuales influían en la adopción de medidas que favorecieran el libre comercio.

4- Se autorizó la creación, en aquellas ciudades que lo solicitaron, de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Sus miembros pertenecían a la nobleza local, al clero más ilustrado, a la burguesía y a los intelectuales. Formaban un foro de debate sobre las actuaciones que debieran llevarse a cabo para el desarrollo de la economía.

5- A finales del siglo se creó el Banco de San Carlos, antecedente del Banco de España. En principio su misión era la administración de la deuda pública, pero luego pasaría a controlar la emisión de monedas y a convertirse en un instrumento de crédito tanto para los particulares como para el Estado.

b- La agricultura: El campo seguía ocupando al 80 % de la población. Lo más significativo fue el notable incremento de la producción, consecuencia del incremento demográfico, lo que se consiguió gracias a las nuevas roturaciones de terrenos incultos (bosques, pantanos), al descenso de las tierras dedicadas a pastos, a la aplicación de planes de regadío (Canal Imperial de Castilla, Canal de Aragón, huerta murciana), a la política de nuevas poblaciones, etc. El aumento de los precios de los productos del campo y la liberalización de las tasas del grano logró aumentar las ganancias de los propietarios. Los instrumentos de trabajo y los cultivos no sufrieron grandes cambios, si exceptuamos la generalización de los mulos como animales de tiro, en vez de los bueyes, la lenta expansión de la patata y el maíz, y la política gubernamental que animó la extensión de los cultivos industriales. No obstante, las crisis de subsistencias no desaparecieron. El llamado Motín de Esquilache de 1766, el más grave de todos los ocurridos hasta entonces, convenció a las autoridades de que la única forma de terminar con el desabastecimiento era impulsar una reforma agraria.

c- La industria: la mayor demanda de productos manufactura­dos (más población, más dinero, más mercado con América) halló las clásicas limitaciones estructurales (falta de inversión, de tecnología, de mano de obra especializada, exportación de materias primas) que impedían un desarrollo decidido de la industria, lo que impidió a España sumarse a la Primera Revolución Industrial que se estaba gestando en Inglaterra en la segunda mitad del siglo. Aun así, hubo algunos progresos debido al interés del Estado: impulso de los talleres artesanos en el campo, creación de importantes industrias con capital estatal (Manufacturas Reales, precedentes de las empresas públicas), promulgación de leyes que dejaban de considerar como viles los oficios manuales y una política proteccionista que limitaba las importaciones de productos extranjeros. Se favoreció la inmigración de mano de obra europea especializada en las labores industriales. Los sectores que alcanzaron mayor desarrollo fueron el textil y el metalúrgico, y las áreas más beneficiadas Cataluña y el País Vasco; las nuevas industrias, además, escapaban del control de los gremios, lo que las hacía más competitivas.

d- El comercio: contó también con el apoyo del gobierno y de las nuevas instituciones de fomento (Juntas de Comercio, Consulados, Compañías de Comercio). El sector exterior fue el principal beneficiado: aunque nuestra balanza comercial con Europa era negativa, ello se compensaba con el auge adquirido por el comercio colonial con América, abierto al fin a todos los puertos gracias a los Decretos de Libre Comercio. Se produjo, así, un notable incremento de los intercambios mercantiles, lo que generó grandes capitales que luego se invertían en la adquisición de tierras (Andalucía) o en la creación de industrias (Cataluña). El comercio interior creció poco por el penoso estado en que se hallaban las comunicaciones y por la escasa demanda de la población rural. Algunas mejoras se llevan a cabo con la ampliación de las vías de comunicación (se establece la disposición radial de los caminos reales, que parten de la Puerta del Sol de Madrid) y la supresión de muchas aduanas interiores.

e- La Hacienda: La reforma del sistema fiscal se hacía inevitable. Por una parte, había que simplificar el aparato recaudatorio, compuesto de innumerables impuestos. Por otra, había que incrementar la recaudación si se quería llevar a cabo todo el ambicioso plan de reformas del Estado. Proyectos de reforma fiscal hubo bastantes, pero al final acabaron por recaudarse los mismos impuestos de siempre, aunque simplificando su gestión y aumentando la eficacia en su cobro gracias a la distribución de más y mejores funcionarios, la potenciación de las funciones fiscales de los corregidores e intendentes y la actuación más decidida contra la corrupción. En Castilla, el proyecto de reforma más importante fue el de la Única Contribución, que pretendía resumir todos los impuestos en uno solo, pero no llegó a aplicarse por la escasa colaboración que prestaron los ayuntamientos y las resistencias de los poderosos, que temían perder definitivamente sus privilegios fiscales. En la Corona de Aragón sí se pudo llevar a cabo la pretendida reforma, puesto que la supresión de sus fueron dieron vía libre al Estado para hacer lo que quisiera. Se aplicaron aquí dos únicos impuestos: el real (gravaba los bienes inmuebles, y lo pagaban todos) y el personal (gravaba el trabajo según el salario y los días trabajados; aquí no pagaban, claro, quienes no daban golpe: el clero y la nobleza).

VIII.2.4. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN. LA REFORMA AGRARIA

La propiedad de la tierra estaba en las manos de siempre: la nobleza, el clero, los municipios, y también en la llamada burguesía agraria, es decir, nuevos adquirientes que habían invertido en la adquisición de propiedades el dinero obtenido en otras actividades. La mayor parte de las propiedades eran amortizadas o vinculadas, esto es, no podían venderse ni dividirse, aunque sí arrendarlas o imponer créditos sobre ellas. Estas tierras estaban generalmente mal cultivadas porque sus dueños sólo se preocupaban de obtener las rentas y poco hacían por mejorar los rendimientos. Las tierras de la nobleza eran los mayorazgos, que se transmitían de generación en generación; las de la iglesia procedían de donaciones y se conocían como la mano muerta; por su parte, los municipios eran los mayores propietarios del país: sus tierras podían ser de propios (las que se alquilan), comunes (las que se reparten entre los vecinos) y egidos (tierras improductivas o que no podían cultivarse: montes, dehesas, etc.).

Frente a ellos, que eran una minoría en términos cuantitativos, se situaba una mayoría de trabajadores que laboraban las tierras de los primeros en calidad de arrendatarios (quienes pagaban una renta por la cesión de una propiedad, que podía ser de por vida e incluso por varias generaciones, lo que se conocía como enfiteusis) o jornaleros (quienes cobraban por el trabajo). Sus condiciones de vida eran muy precarias, sobre todo las de los jornaleros, quienes sólo trabajaban una parte del año.

Buena parte de las propiedades no se cultivaban, sino que se dedicaban a pasto, puesto que la cabaña ganadera, sobre todo la ovina, era abundante. Además, la Mesta, la organización de ganaderos trashumantes, conservaba sus viejos privilegios que impedían, por ejemplo, que dichas tierras pudiera dedicarse al cultivo. Extremadura fue la provincia española más afectada, puesto que era el destino preferido de los trashumantes y sus mejores tierras, que podían haberse cultivado y abastecer a una población muy necesitada, estaban destinadas forzosamente a pasto.

El panorama, pues, era desolador: la agricultura no rendía lo suficiente por culpa del sistema de propiedad de la tierra, la producción apenas daba para cubrir las necesidades de una población creciente, los campesinos no eran propietarios de las tierras que trabajaban, muchas propiedades no podían cultivarse por estar destinadas a monte o a pasto y algunas provincias como Extremadura estaban, por culpa de todo ello, en la miseria. Se hacía necesaria una reforma agraria, y en ella se aplicaron políticos como Campomanes, Floridablanca, Jovellanos y el abogado extremeño Vicente Paíno y Hurtado, quienes participaron en la elaboración de una ley de reforma agraria entre cuyas disposiciones más importantes se hallaron las siguientes:

• 1- Nuevas leyes que limitaban la creación de mayorazgos.
• 2- Limitación a la acumulación de tierras por la Iglesia y desamortización de algunas sus propiedades (de las cofradías, hermandades y ermitas).
• 3- Reparto de las tierras incultas de los municipios entre quienes pudieran ponerlas en explotación.
• 4- Se recortan algunos privilegios de la Mesta, por lo que muchos terrenos dedicados a pasto pasaron a ser roturados para su aprovechamiento agrícola.

Estas medidas fueron muy tardías y tuvieron un alcance limitado, por lo que la situación del campo cambió poco y el problema lo heredaron los gobiernos liberales del siglo XIX.

VIII.3. LA POLÍTICA EXTERIOR.

VIII.3.1. Felipe V y el imperio español.

Felipe V intentó recuperar los territorios perdidos por la paz de Utrech, que habían reducido el antiguo Imperio a la Península Ibérica (excepto Portugal y Gibraltar) y a las Indias. Gracias al apoyo de Francia, con la que se firmaron los Pactos de Familia, se recuperaron los territorios italianos, designándose para su gobierno a los hijos del monarca español; también se contuvo a la imponente flota británica, que constituía una amenaza para las Indias.

VIII.3.2. LA POLÍTICA EXTERIOR CON FERNANDO VI Y CARLOS III

En tiempos de Fernando VI se mantuvo una política de neutralidad en el concierto internacional. Carlos III heredó el problema de salvaguardar las posesiones americanas de las ambiciones inglesas, por lo que se renovaron los Pactos de Familia con Francia. Ambos apoyarían a los Estados Unidos en su lucha por la independencia de Inglaterra. Durante este reinado se recuperó la isla de Menorca, pero se fracasó en Gibraltar.

VIII.3.3. ENTRE DOS SIGLOS: LA POLÍTICA EXTERIOR CON CARLOS IV

En tiempos de Carlos IV, la Revolución Francesa puso a España en una difícil disyuntiva: o se aliaba a Inglaterra en contra de los revolucionarios, o se apoyaba a Francia como siempre, aun a costa del peligro de importar la revolución a España. Tanto una opción como otra tendría un enemigo declarado: Francia en el primer caso e Inglaterra en el segundo. Las dos políticas se llevaron a cabo en diferentes momentos, y con resultados desastrosos: derrotas ante la Francia revolucionaria cuando se estableció la alianza con Inglaterra; derrotas estrepitosas ante Inglaterra cuando la alianza era con Francia (pérdida de la escuadra en Trafalgar); y el colmo de los desatinos: invasión napoleónica cuando Francia era todavía nuestro mejor aliado. La Guerra de la Independencia contra los gabachos (1808-1813) significó, en el aspecto positivo, el principio del fin del Antiguo Régimen y el inicio del régimen constitucional (Constitución de Cádiz de 1812).

VIII.4. La Ilustración

VIII.4.1. LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA: CARACTERÍSTICAS Y REPRESENTANTES MÁS SIGNIFICATIVOS

La regeneración de la monarquía requería también una profunda renovación de los hábitos culturales, de la actividad científica y del pensamiento. Fue una minoría de españoles (escritores, artistas, intelectuales, políticos) los que tomaron las riendas de la renovación cultural en la segunda mitad del siglo XVIII, utilizando dos armas fundamentales para combatir la decadencia española: la crítica y la razón. Se trataba de poner luces donde sólo había sombras, de ahí que se conozca a este siglo como el de la Ilustración. Los protagonistas son bien conocidos: Goya, Feijoo, Mayans, Ustáriz, Larruga, etc.

Aunque no conviene exagerar las innovaciones, al menos es evidente que, en comparación con épocas anteriores, se conoció un florecimiento de la Literatura, la Historia, la Filología, el Derecho, el pensamiento económico y las ciencias (sobre todo la Botánica y la Química). Estamos en la época de creación de las Academias, los jardines botánicos, los museos y de la aparición de los primeros periódicos.

La contribución del Estado a la expansión de las luces consistió sobre todo en la reforma de la enseñanza. La educación se ofrecía como instrumento para propiciar el cambio dentro del orden establecido. El panorama era desolador: las mejores escuelas estaban en manos de los jesuitas, y los métodos que se utilizaban en todos los centros eran anticuados. Realmente se hizo poco en relación con la primera enseñanza, de la que se ocupaban los ayuntamientos; para la segunda enseñanza se impulsó la creación de centros de estudios, pero todavía estamos muy lejos de una educación pública y universal. La reforma de las universidades y de los colegios mayores se basaba en un plan muy ambicioso, que no llegó a aplicarse en su totalidad por lo de siempre: el coste de su financiación. La enseñanza profesional fue desarrollada a partir de las Juntas de Comercio, los Consulados o las Sociedades Económicas, que organizaban estudios profesionales concretos: náutica, comercio, idiomas, taquigrafía, química, etc.

VIII.4.2. EL DESPOTISMO ILUSTRADO Y LA POLÍTICA DE REFORMAS

El siglo XVIII, como hemos visto, conoció diversos planes de reforma y de cambio. Desde el ámbito socioeconómico hemos asistido a la recuperación demográfica, a cierto crecimiento económico y al reformismo social, todo ello favorecido por un conjunto de leyes y normativas que pretendían recuperar el potencial español. Desde el punto de vista político asistimos a  la instauración del llamado Despotismo Ilustrado, es decir, el gobierno de hombres instruidos y concienciados en la necesidad de cambiar para mejorar, pero que nunca renunciaron al absolutismo y al centralismo como sistemas de gobierno. Estaban convencidos de que trabajaban por la felicidad del pueblo adoptando cuantas medidas pudieran sacarlo de las tinieblas de la incultura y la superstición (de ahí lo de ilustrados), pero nunca se les ocurrió preguntarle su opinión (de ahí de lo despotismo). Su lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Destacaron, sobre todo, los ministros ilustrados de Carlos III y alguno de Carlos IV, aunque no siempre tuvieron la oportunidad de poner en práctica todas sus ideas reformistas: Floridablanca, Campomanes, Jovellanos, Cabarrús…

Los objetivos de los gobiernos ilustrados eran hacer más eficiente la administración central y local, impulsar desde el Estado el desarrollo económico, dinamizar la sociedad dentro de los límites del orden estamental, combatir el conservadurismo de los grupos tradicionales (la nobleza y el clero), adaptarse a los cambios antes de que éstos acabasen con el Antiguo Régimen y superar el atraso científico y cultural. El afán por reformar se cortó en seco con la Revolución Francesa, pues temían que los cambios que querían introducir podían animar al país a imitar el ejemplo francés, por lo que el reinado de Carlos IV fue más conservador que el de su padre.

Tengamos presente, sin embargo, que estamos hablando de cambios coyunturales, de reformas, y no de cambios estructurales o revoluciones. Los gobernantes no pretendían modificar las raíces del Antiguo Régimen (Monarquía Absolutista y sociedad estamental), sino modernizarlas para hacer un país más eficiente. Dicho de otra manera, suscribieron otro conocido lema: hagamos los cambios necesarios para que todo continúe igual. Habremos de esperar, pues, al siglo XIX, cuando casi toda Europa está metida de lleno en las Revoluciones Burguesas, para asistir a un cambio profundo de España.

 Profesor: Felipe Lorenzana de la Puente 

TEMA VII. LA CRISIS DEL SEISCIENTOS

VII.1. El declive demográfico y económico

VII.1.1. La crisis demográfica

A finales del XVI comienza una larga crisis que corta en seco el crecimiento demográfico y hace que España se sitúe con 7 millones de habitantes en 1700, un millón menos que un siglo antes. Aunque la crisis del XVII fue general en toda Europa, España la padece en mayor medida, tendrá unas repercusiones sociales y económicas muy importantes e impide mantener la exitosa política imperial desarrollada con los Austrias mayores. El XVII es, pues, el siglo de la decadencia o declinación de la monarquía hispánica.

Las causas del declive demográfico se relacionan con la mayor frecuencia con la que asolan a la península las crisis de mortalidad, así como otras circunstancias:

• V Mayor frecuencia y virulencia de los ciclos epidémicos (tifus, viruela, paludismo, fiebre amarilla y, sobre todo, la peste bubónica): destacan los períodos de 1597-1602, 1630, 1647-1652, 1676-1685.
• V Aumento de las crisis de subsistencia a causa del mal tiempo, plagas de cañafotes, guerras, etc.
• V Aumento de los conflictos bélicos en el interior, que restan efectivos a causa de los reclutamientos masivos y las muertes en el frente, pero que ante todo agravan la situación social y económica por los alojamientos de soldados, la destrucción del tejido productivo y de las infraestructuras, la interrupción del comercio y el descenso de la nupcialidad y de la natalidad. Extremadura, por ejemplo, es la provincia más perjudicada a causa del largo conflicto con Portugal (1640-1668).
• V La expulsión de los moriscos en 1609 supone la pérdida de unos 300.000 habitantes.
• V El aumento del número de clérigos y la crisis económica provocan un descenso de la natalidad.

Además del descenso del número de habitantes, la crisis tiene otras repercusiones:

• V Decadencia urbana: las epidemias se ceban con las ciudades y las medidas de aislamiento y la crisis agraria impiden su correcto abastecimiento. Sevilla, Burgos, Medina del Campo y otros importantes centros económicos inician su decadencia.
• V Decadencia de Castilla, sobre todo en su área central, que había sido el motor demográfico y económico de la monarquía. El litoral cantábrico y los reinos aragoneses son menos afectados y se recuperan antes. De esta forma, se altera la distribución territorial de la población, iniciándose una tendencia que llega hasta nuestros días: el centro tiende a despoblarse y las zonas litorales se revitalizan.
• V El descenso de la población tiene una incidencia directa en la economía, puesto que la menor oferta y demanda afectan negativamente a las actividades productivas y comerciales.

VII.1.2. La crisis ECONÓMICA

A- Crisis agraria

La agricultura española tenía problemas estructurales, como eran la escasa tecnificación, el exceso de propiedad amortizada y los privilegios que disfrutaba la ganadería trashumante a costa de los agricultores. A estas deficiencias se suman en el siglo XVII factores coyunturales negativos, como son el descenso demográfico (hay menos mano de obra disponible, por lo que aumentan los salarios y con ello los costes productivos, disminuyendo las rentas); además, el empeoramiento del clima (más sequías y también más lluvias torrenciales) y el aumento de las plagas hacen perder las cosechas y provocan crisis de subsistencias. Como remate, el aumento de la presión fiscal empobrece más aún al campo.

La crisis agraria conlleva el descenso de la producción (y con ello la escasez y la especulación de productos de primera necesidad) y el abandono de propiedades (lo que provoca a su vez la el despoblamiento de numerosas áreas rurales y el aumento de los latifundios).

B- Crisis industrial

Al igual que la agricultura, también la industria española presentaba deficiencias de carácter estructural que la hacían muy poco competitiva: una organización gremial arcaica que impide la mejora de la productividad, una falta de actualización tecnológica que hace muy pobres los rendimientos, la ausencia de mano de obra especializada y la manía de exportar materia prima (por ejemplo la lana) en lugar de transformarla y así evitar la importación de productos del extranjero. En el XVII la cosa de agrava debido a que el descenso demográfico y la crisis económica reducen el consumo y hacen aumentar los salarios, y con ello los precios.

C- Las dificultades del comercio

Cuando los sectores productivos y la población en su conjunto decaen, es evidente que el comercio también lo hace, puesto que su función es colocar la oferta productiva entre los consumidores. Si hay menos oferta y menos demanda, hay menos comercio. Además, el aumento de la fiscalidad encareció los artículos, las infraestructuras (caminos, puentes, puertos, etc.) empeoraron debido a las guerras y a la falta de recursos para repararlas y la decadencia urbana se llevó consigo numerosos mercados y ferias.

Además del comercio interior, también disminuye el comercio con Europa y con Indias debido, en el primer caso, a la menor influencia política que tendrá España en los asuntos internacionales, y en el segundo caso al descenso de las importaciones de metales preciosos (las minas se están agotando) y de las exportaciones de artículos desde España a causa por la crisis productiva y por la competencia de otros países, que desde el Tratado de Westfalia (1648) pueden acceder al mercado americano.

El Estado, por lo demás, era insensible a las necesidades de la industria y del comercio, y sólo muy tarde va a demostrar cierto interés por el incentivo de estas actividades, procurando informarse de su situación real y de las posibilidades de mejora. Con estas intenciones se creó en 1676 la Junta General de Comercio, aunque no se puede decir que su actuación cambiase radicalmente el panorama, ni siquiera en el siglo XVIII.

D- La crisis de la Hacienda pública

El Estado ve cómo disminuyen sus ingresos a causa de la crisis económica y cómo aumentan sus gastos por las continuas guerras en las que se ve envuelto. El resultado es el incremento de la presión fiscal, lo que no hizo más que agravar las dificultades económicas y sociales. De esta forma, se incrementa la cuantía de los impuestos existentes (sobre todo los millones), se piden donativos continuamente, se crean nuevos impuestos como el papel sellado para todos los documentos oficiales, las lanzas para que pague la nobleza, el impuesto sobre la sal y el tabaco, y se procede a la venta de oficios públicos (escribanos, tesoreros, regidores, etc.) y de jurisdicciones (pueblos que pasan a depender del señor que los compra).

No siendo todo ello suficiente, la Hacienda recurre a la devaluación de la moneda y a la solicitud de más préstamos para conseguir más recursos. El aumento de los juros y de los asientos sirvió, de paso, para enriquecer a los banqueros y desviar un montón de dinero que podría haber ido hacia actividades productivas. Cuando el Estado estaba hasta el cuello de deudas, no tenía otro remedio que decretar la bancarrota (hubo cuatro a lo largo del siglo) y renegociar las deudas con sus acreedores.

E- Efectos generales de la crisis económica

• Desplazamiento del dinamismo demográfico y económico del centro hacia la periferia. La Corona de Aragón y las zonas litorales en general se recuperan antes.
• Extensión del señorío (gracias a las ventas de jurisdicciones) a costa del realengo.
• Empobrecimiento de la población, aumento de la mendicidad y de la conflictividad social.
• Fortalecimiento de los municipios y de las Cortes, puesto que la Hacienda dependía de ellos para incrementar los impuestos y para recaudarlos.

VII.1.3. La crisis SOCIAL

La crisis del XVII se dejó sentir en todas las capas sociales, si bien, como es habitual, tuvo más incidencia en los grupos con menos recursos y menos influencia política.

A- La nobleza

Le afectó menos la mortalidad catastrófica porque tenía más recursos para hacerle frente: posesiones rurales a las que huir de la peste, cosechas propias con las que abastecerse, el privilegio de no tener que alojar soldados y las muchas excusas que ponía para no tener que ir a la guerra. No obstante, disminuyen sus rentas al decaer la producción agraria, subir los salarios e incrementarse la fiscalidad (sobre todo lanzas y donativos). Buena parte de la nobleza sobrevive gracias al mayorazgo, que no puede vender pero sí hipotecar en los momentos críticos. Su influencia política se mantiene e incluso aumenta, sobre todo en los ayuntamientos, gracias a la adquisición de los lugares y las regidurías que el rey ponía en venta; los ayuntamientos importantes quedan en manos de la aristocracia. El rey también vendió hidalguías, hábitos de órdenes militares y títulos nobiliarios, por lo que el número de nobles aumentó.

B- El clero

También aumenta el número de clérigos, puesto que el estamento eclesiástico (exento de impuestos y con la comida asegurada) se convierte en un refugio en momentos de crisis. En estos momentos en los que la muerte está tan presente aumentan las devociones, la iglesia refuerza su autoridad moral y consigue que se incrementen las donaciones. Las órdenes religiosas continúan su expansión, los conventos florecen como hongos y las Cortes piden que se ponga freno a todo ello, pues no estaban los tiempos como para mantener a tanto personal inútil.

C- La burguesía

Fue la gran perjudicada por una crisis que se ceba en las actividades productivas, mercantiles y financieras, aquellas en las que invertía tradicionalmente la burguesía. Su comportamiento le acerca cada vez más al estamento nobiliario: se interesa por actividades económicas más seguras y menos productivas, como la compra de tierras y de deuda pública, adquiere títulos nobiliarios y oficios de regidores y se obsesiona por ascender en el escalafón social y lograr influencia. Esta actitud se conoce como traición de la burguesía.

D- Los grupos populares

Son los grandes afectados por la mortalidad catastrófica y por el descenso de la calidad de vida. El siglo XVII ve subir como la espuma el número de pobres, bandidos y desplazados. Como es lógico, el descontento incentiva a rebelarse contra el poder, por lo que aumenta la conflictividad, sobre todo en las ciudades, y la maquinaria represora del Estado tiene que ejercitarse para garantizar la supervivencia de un orden de cosas que tan sólo beneficiaba a los estamentos privilegiados.

En definitiva, la crisis del siglo XVII tuvo como efectos principales en la sociedad el aumento de las desigualdades y de los grupos ociosos.

VII.1.4. Arbitrismo y conciencia de decadencia en el Siglo de Oro

Curiosamente, la edad dorada de la cultura y el arte (el Siglo de Oro) coincide con una pésima coyuntura social y económica (el Siglo de Hierro) y con el inicio de la decadencia de España como potencia mundial. A estas desgracias se une el mal gobierno, el aislamiento cultural y científico del país por culpa de la censura que imponía la Inquisición y la falta de renovación de las estructuras educativas, dominadas por el clero. De la decadencia de España eran perfectamente conscientes los contemporáneos, y entre éstos se hallan los arbitristas, escritores versados en las cuestiones económicas que hacen un diagnóstico de la situación, denuncian las causas de la crisis y exponen los remedios que creen más adecuados para salir de ella, remedios que habitualmente pasaban por la aplicación de un medio o arbitrio que milagrosamente lo resolvería todo.

Son auténtica legión los arbitristas españoles del siglo XVII; los más conocidos son González de Cellórigo, Fernández de Navarrete, Caxa de Leruela, Sancho de Moncada y Martínez de Mata. Sin olvidar la crítica política a la que también se aficionaron conocidos escritores como Quevedo o Barrionuevo.

Los arbitristas entendían que la decadencia de España era el resultado de los errores del gobierno. No cuestionaban el modelo de Estado ni la autoridad del rey, pero criticaban abiertamente a los ministros, regañaban a los grupos privilegiados (por su escasa aportación productiva y el lujo en el que se movían) y pedían un cambio de rumbo en asuntos concretos como la política exterior, que estaba arruinando el país, la deuda pública y, sobre todo, la fiscalidad. En resumen, los problemas que más les preocupaban eran los siguientes:

• ! La dispersión de las riquezas procedentes de Indias: no se destinaban a actividades productivas, sino al pago de las deudas con los banqueros europeos, con lo que se beneficiaba a los enemigos de España.
• ! Los factores que impedían el desarrollo de la industria y el comercio: defienden soluciones de tipo mercantilista y proteccionista que favorezcan las exportaciones y limiten las importaciones.
• ! El incremento de las actividades no productivas: la deuda pública, la compra de títulos y jurisdicciones, el lujo, la creación de mayorazgos, etc. desviaba el dinero de las actividades generadoras de riqueza y empleo, que son la agricultura, la industria y el comercio.
• ! El empobrecimiento y la polarización de las diferencias sociales: los arbitristas veían con preocupación la desaparición de las capas medias de la sociedad.
• ! El embrollo fiscal: los impuestos son muchos y perjudican a los sectores productivos. Se solicita simplificar todos los impuestos en uno solo (unos apuestan por la sal, otros por la harina, etc.), que tenga carácter universal (es decir, que lo paguen todos).

vII.2. el gobierno de la monarquía y los conflictos internos

VII.2.1. LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS Y LOS CONFLICTOS INTERNOS

La población morisca había venido padeciendo durante el siglo XVI un paulatino empeoramiento de su situación. Sus propiedades eran confiscadas, sus costumbres prohibidas (lengua, indumentaria, religión), y la obsesión por la homogeneización religiosa les convertía en frecuente objetivo de la Inquisición. El rechazo a esta situación motivó la sublevación de los moriscos de la comarca granadina de las Alpujarras en 1568, a la que siguió una durísima represión y su dispersión por todo el reino. El problema no se solucionó. Al contrario que los judeoconversos, que hacían todo lo posible para borrar su pasado e integrarse en la sociedad cristiana, los musulmanes se resistían a perder su identidad. La presión de la Iglesia, el peligro que representaba el imperio turco (se pensaba que los moriscos españoles habían solicitado su apoyo), la incapacidad para asimilar a las minorías y la necesidad de contentar a un pueblo acechado por las calamidades (epidemias, hambrunas) convirtió a los moriscos en el chivo expiatorio perfecto. Felipe III decidió en 1609 su expulsión de España, lo que afectó a unos 300.000 individuos. Los efectos fueron desastrosos para el país, no sólo desde el punto de vista demográfico sino también económico, pues los moriscos eran una mano de obra barata y de calidad en el campo, especializada en las técnicas de regadío. Las áreas más afectadas fueron Valencia (que perdió la tercera parte de su población), Aragón y Murcia.

El siglo XVII fue un periodo especialmente conflictivo para España. A la preocupación por la suerte del imperio más allá de nuestras fronteras se añade ahora la crítica situación interna: la crisis demográfica y económica y la elevación de la presión fiscal tenía a todas las capas sociales cabreadas, sobre todo al campesinado y a la población urbana, víctimas de los recaudadores de impuestos, de las devaluaciones monetarias, de las pestes, de las levas militares, de los alojamientos de soldados, de la escasez, del desabastecimiento, de la especulación y de la corrupción de los gobiernos locales, dominados por los regidores perpetuos, los poderosos del lugar, que no solucionaban estos problemas, más bien los agravaban. Como consecuencia, a mediados de siglo una oleada de revueltas populares se extendió por todo el país, especialmente en Andalucía. Además, los intentos de reformar el Estado, que seguía siendo una herencia de los Reyes Católicos, provocó el enfrentamiento con los reinos peninsulares periféricos, con lo que la guerra se trasladó a casi toda España y agravó aún más la situación social y económica. De esto último nos ocuparemos en los capítulos siguientes.

VII.2.2. El GOBIERNO DE LA MONARQUÍA. REYES Y VALIDOS

Tres son los monarcas que ocupan el siglo XVII, llamados los Austrias menores, no por ser más bajitos que los anteriores, sino porque tuvieron menos dotes para el gobierno. Fueron Felipe III (1598-1621), su vástago Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700), el único hijo (y el más tonto) que le sobrevivió A ellos, sin embargo, no cabe achacarles todas las desgracias que sufrió el país, más bien fueron una parte del problema.

La despreocupación que mostraron los reyes por el gobierno, así como la complejidad cada vez mayor de la administración central, explican la existencia del valimiento. Los validos eran personas de absoluta confianza de los reyes, sus favoritos, en quienes delegaban todas las tareas que comportaba gobernar a diario una monarquía tan extensa como diversa. No era preciso que ostentasen un cargo, no eran primeros ministros ni presidían los Consejos; su autoridad, que era total, se basaba únicamente en la amistad con el rey. Pertenecían habitualmente a la alta nobleza, quien vio de esta forma revalorizada su relación con el poder. Todos los reyes tuvieron validos: Felipe III confió en el duque de Lerma, Felipe IV en el conde-duque de Olivares y después en el duque de Haro; Carlos II, incapaz para gobernar, tuvo como validos al padre Nithard, a Valenzuela, a D. Juan José de Austria, al conde de Oropesa, etc. Lerma y Olivares fueron los más conocidos y los que más tiempo estuvieron en el poder; el segundo puede considerarse, además, como la figura política de mayor relieve en la España del XVII. Pero no fueron figuras populares, antes al contrario, concitaron toda la oposición y la crítica de quienes les consideraron responsables directos de los males del país. Las tortas que no se llevaron los reyes, que eran intocables, se las llevaron los validos, casi todos los cuales fueron cesados por los mismos monarcas que los encumbraron cuando la situación política empeoraba y era necesario que alguien pagara los platos rotos.

Además del valimiento, otra novedad en el gobierno de la monarquía fue la proliferación de Juntas, comisiones formadas por un número reducido de políticos (miembros de los consejos, a veces también de las Cortes, y personas de confianza del rey y de los validos) que se constituían para entender de asuntos concretos. Aunque les quitaron funciones a los Consejos y eran más ágiles en la toma de decisiones, no llegaron a sustituirlos y aquellos continuaron siendo los órganos de gobierno básicos.

Las continuas exigencias fiscales del gobierno implicaron el reforzamiento de quienes podían garantizar el cobro de los impuestos, los municipios, y de la institución que los representaba y tenía capacidad para votar nuevos impuestos y servicios, las Cortes. Los ayuntamientos acabaron siendo un coto reservado a la nobleza local, que adquirió los oficios de regidores (puestos a la venta por el rey para conseguir dinero extra) y se perpetuó en ellos. Es decir, que a cambio de su colaboración con la monarquía obtuvieron mayores cuotas de poder, pero también se alejaron más y más de la sociedad. En cuanto a las Cortes, eran convocadas con mayor frecuencia y fueron el órgano más crítico con el gobierno; los servicios que concedían iban acompañados de condiciones encaminadas a reforzar el poder de las ciudades, pero también a cortar los abusos del poder e intentar mejorar los destinos del país. Se convirtieron en una institución incómoda para los reyes, quienes intentaron librarse de ellas. De hecho, casi todas las Cortes de los reinos peninsulares, entre ellas las de Castilla, dejaron de ser convocadas en el reinado de Carlos II.

El gobierno de los distintos reinos de la monarquía continuó igual. Castilla era la que más aportaba al sostenimiento del imperio; Portugal, los reinos aragoneses y los territorios europeos ligados a España seguían manteniendo sus instituciones y sus propias leyes, bastante más limitadoras para el poder real que las de Castilla. Olivares intentaría cambiar esta situación con la Unión de Armas, pero los resultados fueron lamentables:

VII.2.3. LA UNIÓN DE ARMAS Y LA CRISIS DE LA MONARQUÍA

El conde duque de Olivares planteó una profunda reforma del Estado con la idea de solidarizar entre todos los reinos hispanos la carga que suponía el imperio, que descansaba sólo en las espaldas de los castellanos, angustiados por la crisis más que los otros y sin la energía que tenía antes para continuar el esfuerzo en solitario. Ello no podía hacerse sin antes simplificar la administración del Estado y salvar las diferencias que había en las leyes que regían en los distintos reinos, en virtud de las cuales el rey tenía mucha autoridad en Castilla (donde solicitaba y conseguía servicios sin muchas trabas legales, aunque fuera cediendo poder a las ciudades y a las Cortes), pero bastante menos en Aragón, donde los mismos servicios le podían ser negados. El objetivo final era lograr una monarquía compacta y unida que pudiera hacer frente con garantías a sus muchos enemigos externos.

El proyecto se llamó Unión de armas, y las acciones concretas que perseguía eran esencialmente dos:

• – Distribuir los gastos del ejército (dinero y soldados) entre todos los reinos de acuerdo con los recursos reales que tenía cada uno. Olivares pensaba que la Corona de Aragón y Portugal podían aportar mucho más. A cambio, sus naturales accederían a los cargos públicos, hasta ahora reservados a los castellanos.
• – Adecuar paulatinamente las leyes de aquellos reinos a las castellanas, simplificando así el enorme embrollo jurisdiccional de la monarquía hispana y dando más posibilidades al rey para intervenir en los asuntos de todos los reinos. El proyecto, pues, era claramente centralizador.

Pero las dificultades que hallaba el proyecto eran, lógicamente, enormes:

• – La crisis económica dificultaba elevar los impuestos y reclutar más soldados en toda España.
• – Aragoneses y portugueses desconfiaban de los castellanos (y especialmente de Olivares), a quienes consideraban los grandes beneficiarios políticos y económicos del imperio.
• – No querían renunciar a sus ancestrales fueros, que hasta ahora habían evitado una mayor carga fiscal y el mangoneo de los reyes en sus asuntos.

Las resistencias motivadas por la aplicación de la Unión de Armas produjeron la peor crisis interna que tuvo la monarquía durante todo el Antiguo Régimen:

• a- La Revolta catalana (1640-1652): Hacía tiempo que los catalanes esperaban la ocasión para enfrentarse a Castilla. La lista de agravios eran amplia, y se incrementa ahora con nuevos episodios: los catalanes se resistían a combatir fuera de su tierra, las tropas castellanas estacionadas en Cataluña cometieron varios abusos, Olivares desoía sistemáticamente las quejas de sus Cortes y de la Generalitat y en represalia dejaron de recaudarse los pocos tributos que Cataluña aportaba al Estado. En 1640, campesinos (segadors) llegados de todas partes se alzan en armas contra el ejército provocando el corpus de sangre en Barcelona. La guerra abierta entre Cataluña y el gobierno central se complica cuando Francia, siempre deseosa de perjudicar los intereses de España, acude en apoyo de los catalanes. Finaliza con la rendición de la capital en 1652 y el compromiso de Felipe IV de respetar en adelante los fueros.
• b- La guerra de independencia de Portugal (1640-1668): Portugal no tardó en advertir los inconvenien-tes de su unión a España. La nobleza y la burguesía no hallaron las ventajas comerciales que esperaban, el pueblo se quejaba de la presión fiscal y se temía que la monarquía, cada vez más debilitada, no pudiera garantizar la integridad de las posesiones coloniales portuguesas. Aprovechando la revuelta catalana, las Cortes lusitanas reconocieron al duque de Braganza como rey de Portugal (Juan IV) y proclamaron la independencia en 1640. Madrid, acuciado por otros frentes abiertos en Europa y Cataluña, no prestó demasiada atención a la guerra, enviando a ella un corto ejército dirigido por oficiales corruptos e incompetentes que asoló Extremadura, en cuya frontera se desarrollaron los combates, causándole mucho más daño que los ataques portugueses. Cuando se quiso reaccionar a finales de los años 50 ya era demasiado tarde. Lo único positivo que obtuvo Extremadura fue que, gracias a su esfuerzo en la guerra, consiguió el voto en Cortes y el estatus de provincia en 1652.
• c- Conspiraciones separatistas en Andalucía, a cargo del modorro del duque de Medina Sidonia, y en Aragón, protagonizada por el duque de Híjar. No tuvieron apenas repercusión popular, pero aportaron nuevos elementos de inquietud en territorios que se consideraban sólidamente unidos a la Corona. En toda Castilla, además, como ya vimos, se produjeron múltiples rebeliones locales causadas por la subida de los impuestos y el desabastecimiento.

VII.3. LA POLÍTICA EXTERIOR

El esfuerzo español por mantener su hegemonía en Europa llega al límite de sus posibilidades a comienzos del siglo XVII, se mantiene a duras penas durante las décadas siguientes, en las que el país se ve envuelto en uno de los peores conflictos continentales, la Guerra de los Treinta Años, y finalmente tendrá que renunciar a dicha hegemonía a mediados de siglo. El imperio se mantiene, aunque con mermas, y España continuará siendo una potencia, pero ya no volverá a desempeñar el liderazgo mundial.

VII.3.1. FELIPE III Y LA TREGUA CON EUROPA

En comparación con la política exterior seguida por su padre y por su hijo, la de Felipe III puede considerarse pacifista. Rey de escaso espíritu marcial, y consciente de que el país necesitaba un respiro, llegó a una tregua en 1609 con los Países Bajos, el territorio de la monarquía más conflictivo, al que se le concedió una amplia autonomía, que duró hasta 1621. Los nuevos monarcas instalados en Francia y en Inglaterra, que sustituyeron a Enrique IV e Isabel I respectivamente, acérrimos enemigos de España, también facilitaron las cosas y las relaciones con ambos países fueron más o menos cordiales a cambio de algunas concesiones comerciales.

VII.3.2. FELIPE IV Y LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

En 1618 comienza una contienda originada inicialmente entre Austria, cuyos emperadores estaban ligados a la dinastía española, y los príncipes alemanes protestantes. La intervención de Francia en favor de estos últimos motivó la entrada de España en un conflicto que se extiende hasta 1648, en el cual también tuvo como enemigos a Holanda, Suecia e Inglaterra, y que es conocido como la Guerra de los Treinta Años. Tras un reinado pacífico, el de Felipe III, Olivares consideró que España no podía permanecer ajena a la guerra europea, pues en ella se jugaba su reputación, su hegemonía y la defensa de la religión católica.

España y sus aliados consiguieron al principio resultados favorables (tales como la rendición de Breda en 1626, plasmada por Velázquez en su cuadro conocido como Las Lanzas) y hasta se firmaron nuevas treguas con Francia e Inglaterra, pero la depresión económica agotaba los recursos y las cosas se torcieron en la segunda mitad de los años 30. La derrota naval en las Dunas (1639) y la de los antes invencibles tercios en Rocroi (1643) determinaron la derrota de España, reconocida en el Tratado de Westfalia (1648) que puso fin a la guerra. Por él se independizaron los Países Bajos, se concedieron ventajas comerciales a Inglaterra en el comercio con América, se impuso la tolerancia religiosa en los territorios del Imperio y éste se separó de Austria y se fraccionó en principados independientes. Años después, por el Tratado de los Pirineos (1659) se cedieron los territorios fronterizos del Rosellón y la Cerdaña a la Francia del rey Sol, Luis XIV, el nuevo jerifalte de Europa.

VII.3.3. CARLOS II Y EL FIN DE LA DINASTÍA

La debilidad de la monarquía en todos los ámbitos motiva la retirada de España de los conflictos europeos en el reinado de Carlos II, periodo en el que el país ve acrecentar sus desgracias por la ausencia de liderazgo y las incertidumbres sobre el futuro de la dinastía, pues el rey ni reinaba ni tenía descendencia. A la independencia de Portugal en 1668 sigue una serie de fracasos con Francia, quien ocupa el Franco Condado y varias ciudades de Flandes. España pasa a ser una potencia de segundo rango.

Durante el reinado del último de los Habsburgo españoles, Carlos II el Hechizado, así llamado por creer que era cosa de Satanás su fragilidad física, mental y sexual, se produce, sin embargo, una leve revitalización de la economía. Las epidemias tienen menos virulencia, las guerras internas desaparecen y la presión fiscal se suaviza gracias a los menores gastos militares, lo que permite una lenta mejora de la producción y de las condiciones de vida. Como ya señalamos, la Corona de Aragón y, en general, las provincias litorales se recuperan con mayor vigor que Castilla, que aún tardará en levantar cabeza. El gobierno del país, confiado a regentes y validos, además de acabar con las Cortes, tuvo entre sus escasos méritos racionalizar la recaudación de los impuestos, mejorar las relaciones con los municipios e iniciar una tímida política de fomento (Junta General de Comercio,1676).

Carlos II muere a finales de 1700 sin dejar herederos directos y con las potencias europeas cavilando cómo merendarse el imperio español; dos sobrinos suyos eran los candidatos a sucederle: el archiduque austriaco Carlos de Habsburgo, hijo del emperador, y el nieto de Luis XIV de Francia, Felipe de Borbón. El testamento de Carlos II (y no las Cortes, que debían haber sido llamadas para que la decisión fuera totalmente legítima) estableció la llamada al trono de Felipe, provocando una guerra civil entre sus partidarios y los del archiduque, así como una nueva guerra europea iniciada por Austria y secundada por Holanda e Inglaterra, quienes veían un auténtico peligro para el equilibrio europeo la posible unión entre España y Francia, amigos ya al fin (aunque no para siempre) por quedar emparentadas sus respectivas casas reinantes.